La Asamblea de Antioquia aprobó en segundo debate la creación de una tasa de seguridad que busca recaudar hasta 1,2 billones de pesos en los próximos dos años. La iniciativa, que fue aprobada con 14 votos a favor y 10 en contra, ha generado intensas discusiones entre gremios, alcaldes municipales y sectores políticos, especialmente por su forma de cobro, que se hará a través de los servicios públicos.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que EPM se opondrá a este mecanismo. “EPM no cobrará esta tasa vía servicios públicos. Nos oponemos a que una empresa que es patrimonio de los antioqueños sea utilizada para un recaudo que no tiene consenso entre las partes”, señaló.
Por su parte, los gremios económicos, representados por Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial de Antioquia, expresaron su inconformidad, argumentando que la carga tributaria sobre los empresarios es insostenible. Además, criticaron la falta de concertación en la elaboración de esta medida.
Nuevo impuesto en Antioquia aprobado por la Asamblea: así se cobrará la tasa de seguridad a través de servicios públicos
No obstante, varios alcaldes de municipios como Girardota, Amagá y Anzá respaldaron la tasa, argumentando que la seguridad requiere inversiones urgentes que no pueden esperar.
“Nuestros territorios necesitan soluciones inmediatas para combatir la inseguridad. Este impuesto representa una oportunidad para mejorar las condiciones de nuestras comunidades”, declararon.
Durante la plenaria, los cinco diputados del movimiento Creemos, junto con la bancada de la Alianza Verde, el Mira y otros opositores, votaron en contra de la medida, mientras que los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático y ASI respaldaron la iniciativa. Algunos diputados no estuvieron presentes durante la votación, como Luis Peláez, de Dignidad, y Rogelio Zapata, de la Alianza Verde.
De acuerdo con la Gobernación, la tasa especial se aplicará a los estratos 4, 5 y 6, así como a los usuarios industriales, comerciales y oficiales. Con estos recursos, estimados en 1,1 billones de pesos entre 2025 y 2027, se financiarán cinco áreas clave:
Cámaras de seguridad: $600.000 millones.
Placas polideportivas: $300.000 millones.
Fortalecimiento de Policía y Ejército: $114.000 millones.
Construcción de cárcel departamental: $194.000 millones.
Infraestructura de fuerza pública: $42.000 millones.
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