El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas desató un debate en Colombia tras revelar la posible existencia de un hangar con 20.000 cuerpos no identificados en un aeropuerto de Bogotá. La afirmación, aunque impactante, ha generado una respuesta inmediata de Medicina Legal, institución que niega categóricamente tener conocimiento del caso.
La información se conoció como parte de la tercera visita del Comité al país, en la que expertos independientes evaluaron la situación de las desapariciones forzadas en Colombia.
Según el documento, los cuerpos habrían sido almacenados debido a la falta de capacidad en las instalaciones de Medicina Legal. Sin embargo, el informe no precisa la ubicación exacta del supuesto hangar ni ofrece un marco temporal concreto para los hechos descritos.
Hangar con 20.000 cuerpos en Bogotá: lo que se sabe del caso denunciado por la ONU
Carmen Rosa Villa, miembro del Comité, aclaró que no se trataría de un hallazgo reciente, sino de cuerpos “resguardados” en Bogotá por falta de infraestructura adecuada.
La respuesta de Medicina Legal
El Instituto de Medicina Legal negó rotundamente la existencia del hangar mencionado. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad aseguró que no ha recibido ninguna solicitud de análisis o estudio de cuerpos relacionados con esta supuesta situación. Además, subrayaron que no tienen información oficial de ninguna autoridad que respalde la denuncia.
El cruce de versiones ha puesto en el centro del debate la crisis de recursos y capacidades de las instituciones colombianas para manejar los restos de personas desaparecidas. Según cifras oficiales, más de 120.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en el contexto del conflicto armado, y muchos de sus restos aún no han sido identificados. La falta de infraestructura, personal especializado y coordinación interinstitucional dificulta la resolución de estos casos.
El Comité de la ONU también expresó su preocupación por el rezago en los procesos de identificación, señalando que los recursos disponibles “no permiten dar respuesta a la demanda”. Este déficit no solo impacta en términos judiciales, sino que perpetúa el dolor de miles de familias que aún esperan respuestas.
Ante la controversia, se espera que las autoridades colombianas ofrezcan más claridad y acciones concretas para abordar las denuncias.
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