El presidente Gustavo Petro ha vuelto a insistir en que se está gestando un golpe de Estado en su contra, tras la reciente decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Este organismo determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la competencia para continuar la investigación administrativa sobre su campaña presidencial de 2022, la cual enfrenta acusaciones de irregularidades financieras.
En su cuenta de X, Petro expresó su desacuerdo: “No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”.
Estas declaraciones muestran su postura frente a lo que considera un uso indebido de facultades por parte del CNE, entidad que actualmente evalúa una ponencia inicial. Esta ponencia, que aún debe ser ratificada por la mayoría de la corporación, sostiene que la campaña del presidente habría excedido los topes de financiación permitidos en más de 5.300 millones de pesos.
El presidente @petrogustavo acusa al CNE de despojarlo de su fuero y reitera que enfrenta un supuesto golpe de Estado
Entre las irregularidades señaladas se encuentran donaciones de organizaciones como Fecode y la USO, un préstamo del Polo Democrático, y gastos en servicios de aviación y propaganda.
El CNE también ha señalado pagos a testigos electorales, como parte del proceso que, tras varios meses de estar congelado, se reactivó recientemente. Los magistrados del tribunal electoral, representando a las principales fuerzas políticas, están estudiando la ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes proponen imputar cargos al presidente y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña de Petro en 2022.
Petro ha cuestionado abiertamente la legitimidad del CNE en este caso, alegando que la Constitución no permite que una instancia “puramente administrativa y política” como el CNE suspenda al presidente por una investigación sobre los topes de financiación, la cual debía realizarse dentro de los 30 días posteriores a la elección.
En caso de que el CNE concluya que hubo una violación de los topes, el expediente sería remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual podría decidir sobre las consecuencias que esto tendría para Petro. Asimismo, las autoridades pertinentes, como la Fiscalía, recibirían las pruebas contra los exfuncionarios de la campaña que no cuentan con fuero constitucional.
El artículo 109 de la Constitución establece que la violación de los límites máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Aún no está claro cuál será el desenlace de este proceso, especialmente en un CNE dividido, donde las fuerzas políticas tienen una influencia decisiva en el futuro de la investigación.
Lea también: ‘Falta de ejecución y desconexión’: Agmeth Escaf describe al gobierno Petro como un ‘bus varado’
¡Síguenos en Facebook y Twitter para mantenerte informado con las mejores noticias!
