En un importante revés para la empresa española Telefónica, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha decidido suspender de manera provisional la ejecución de un laudo arbitral que condenaba a Colombia a pagar 379 millones de dólares.
Esta decisión, obtenida tras una solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, representa un respiro para las finanzas públicas colombianas y abre la puerta a una revisión exhaustiva del fallo.
La suspensión del laudo se basa en la solicitud de anulación presentada por Colombia, en la que se alegan graves irregularidades en el proceso arbitral. Entre los argumentos esgrimidos por el Estado colombiano se encuentran la falta de motivación del laudo, la extralimitación de las facultades del tribunal arbitral y la violación al debido proceso.
CIADI suspende ejecución de laudo contra Colombia en caso Telefónica
Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el tribunal arbitral actuó de manera contraria al derecho internacional al asumir el papel de una corte de apelación sobre asuntos de derecho colombiano y al pronunciarse sobre una controversia contractual ya resuelta en un arbitraje nacional.
¿Qué significa esta suspensión?
La suspensión provisional del laudo significa que, por el momento, Telefónica no podrá ejecutar la sentencia y cobrar los 379 millones de dólares a Colombia. Esta medida permite ganar tiempo para que un Comité ad hoc, que será designado por el CIADI, evalúe los argumentos presentados por ambas partes y decida si procede o no la anulación del laudo.
De otro lado, esta decisión representa un importante triunfo para el Estado colombiano, que ha logrado evitar el pago de una millonaria suma de dinero por el momento. Además, abre la puerta a la posibilidad de que el laudo sea anulado por completo, lo que significaría un ahorro significativo para las finanzas públicas.
El siguiente paso en este proceso será la constitución del Comité ad hoc, que estará encargado de analizar los argumentos de ambas partes y emitir una decisión final sobre la solicitud de anulación. Se espera que este proceso se extienda por varios meses.
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