El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado una nueva suspensión en el proceso judicial relacionado con la demanda interpuesta por la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons.
Este consorcio exige un pago de $117.000 millones al Estado colombiano por los presuntos perjuicios derivados de la decisión de declarar desierta la licitación para la emisión de pasaportes en 2023.
El caso tiene su origen en la controvertida decisión del entonces canciller Álvaro Leyva de no adjudicar la licitación pública, valorada en $599.651 millones, a pesar de que solo la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con los requisitos de participación.
Licitación de pasaportes: ¿Qué sigue en el millonario caso de Thomas Greg & Sons?
Según la Procuraduría General de la Nación, Leyva violó principios de contratación estatal al tomar esta decisión, lo que le costó una sanción de destitución e inhabilitación por 10 años.
Desde entonces, la actual administración, liderada por el canciller Luis Gilberto Murillo, ha adoptado un enfoque más conciliador, buscando un acuerdo que permita retirar la demanda sin un fallo que pueda comprometer las finanzas públicas.
Ambas partes, la Cancillería y Thomas Greg & Sons, evalúan la posibilidad de un arreglo que ponga fin al litigio. Sin embargo, la decisión final dependerá de los avances presentados el 4 de febrero, fecha en la que el Tribunal determinará si retoma el proceso judicial.
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