Tras conocerse que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en el marco de un presunto desvío millonario de fondos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se conoció que se busca aclara en la investigación si parte de estos recursos, supuestamente desviados, habrían financiado las campañas políticas de María Clara Name, hija de Iván Name, al Concejo de Bogotá; y de Gabriel Calle, hermano de Andrés Calle, a la Gobernación de Córdoba.
De acuerdo con el documento judicial conocido por La W, el magistrado Francisco Farfán halló pruebas que apuntan a la ocurrencia de actos de corrupción mediante los cuales Name y Calle habrían recibido 4.000 millones de pesos a cambio de respaldar proyectos clave del Gobierno en el Congreso.
La cuantiosa suma se habría repartido en 3.000 millones para Name y 1.000 millones para Calle, con supuestas implicaciones en la financiación de sus respectivos círculos políticos.
Familiares de Iván Name y Andrés Calle habrían recibido dinero de la UNGRD para sus campañas políticas, la Corte investiga
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, se convirtió en uno de los testigos principales en la investigación. López señaló que los recursos desviados buscaban impulsar las campañas de la hija de Name y de Gabriel Calle, hermano de Andrés Calle, además del padre de este último, Gabriel Alberto Calle, actual alcalde de Montelíbano, Córdoba.
La Corte también obtuvo mensajes y otras evidencias que refuerzan el relato de López, quien indicó que el objetivo era asegurar el éxito electoral de familiares de ambos líderes políticos.
En su testimonio, López señaló que un desayuno en el hotel Tequendama, en septiembre de 2023, fue clave para coordinar estas presuntas ayudas. En el encuentro participaron Name, López y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y figura de confianza de los señalados.
López afirmó que en la reunión se reafirmaron los compromisos financieros y logísticos para las campañas de los familiares de los congresistas, sugiriendo que el respaldo del Gobierno se extendería siempre y cuando Name y Calle aseguraran el flujo de estos fondos.
En su auto, la Corte detalla que la investigación cuenta con elementos como un informe de georreferenciación y pruebas audiovisuales obtenidas en el Tequendama, con las cuales se pudo verificar la presencia y movimientos de los implicados durante la fecha de la reunión mencionada. Estas evidencias han permitido a la Corte establecer coincidencias clave en las versiones aportadas por López y Sneyder Pinilla, otro testigo relevante en el caso.
Entre las pruebas figura también un informe de la Policía Judicial de la Dijín, que incluye videos y grabaciones del ingreso y salida de los implicados en el hotel. En el informe, los investigadores de la Corte sugieren que las pruebas señalan una conexión directa entre el esquema de desvío y los planes de financiamiento electoral de los familiares de Name y Calle.
La investigación también apunta a una supuesta relación entre los recursos desviados y altos funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, cuya participación en la planificación de los desvíos está siendo evaluada.
Según las declaraciones recogidas, González habría ejercido presión para que los recursos destinados a emergencias fueran redirigidos hacia objetivos políticos.
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