El exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional(ELN) Luis Jhon Castro Ramírez, El Zarco, se ha declarado víctima de una persecución política por denunciar los mismos hechos de los que se le acusa: engañar y entregar a decenas de jóvenes al Ejército colombiano para ser asesinados, en lo que se conoce en ese país como “falsos positivos”.
“En Colombia me van a asesinar”, ha manifestado desde prisión por videoconferencia para oponerse a la entrega en la vista de extradición que se ha celebrado este jueves en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía por contra sí que la apoya, al considerar que se cumplen los principales requisitos, tal y como ya defendió cuando esta misma Sala, la sección tercera de lo Penal, accedió en 2019 a la entrega.
Una entrega que finalmente no se materializó porque, tras serle denegada la solicitud de asilo que había formulado, y enviar la Sala en diciembre de 2020 un oficio a Interpol para proceder a la entrega, ésta finalmente no fue posible debido principalmente a la pandemia, según ha expuesto el fiscal.
La Sala tuvo entonces que acordar su puesta en libertad, hasta que en febrero, ante una comunicación de Interpol, se acordó presentar nuevas demandas de extradición al amparo de la Ley de Extradición y eso llevó a la detención de Castro en su domicilio en Alicante y a la repetición del procedimiento.
Por ello la Fiscalía ha querido “matizar” que si la entrega no se produjo en su día no fue por “un desestimiento de Colombia” y por tanto no cabría la causa potestativa de denegación que contempla la ley de extradición pasiva.
En concreto el artículo 19.3, que establece -ha dicho- que si la persona reclamada no hubiera sido recibida en la fecha y lugar fijados podrá ser puesta en libertad transcurridos quince días a contar de dicha fecha y necesariamente a los treinta, y se podrá denegar su extradición por el mismo hecho si de nuevo se solicitara.
Una cuestión, ha continuado, que cree que la Sala debe incluso elevar al gobierno para que éste sea el que resuelva sobre esa hipotética causa de denegación, sobre la que ha señalado que no ha encontrado ningún pronunciamiento en los últimos 10 años, por lo que ha considerado que lo que decida la Sala marcará un “hito”.
Para oponerse a la extradición, Castro, conocido también como “Mono” o “Antoni”, ha enfatizado que no ha quitado la vida a nadie: “Estoy pidiendo protección porque yo lo denuncié ante la fiscal Fabiola Bermúdez Roa” y ahora “ellos mismos me quieren crucificar”, ha denunciado.
Según su versión, tras denunciar lo que estaba sucediendo con los “falsos positivos” intentaron matarle en dos ocasiones y su abogado también le ha retratado como una víctima más del conflicto armado en Colombia,
“Estuvo apunto de convertirse en un falso positivo más”, ha recalcado, y ha recordado los ataques con disparos que el mismo Castro ha dicho haber sufrido.
“Está atrapado en el dobladillo de la ley, los militares le obligan a colaborar como informante y luego instigan para procesarle”, ha lamentado.
Por eso ha incidido en que gracias a su denuncia ante la Fiscalía de Cali “estos execrables hechos han salido a la luz”, y para denunciar la persecución política ha recordado que el propio presidente colombiano Iván Duque se pronunció sobre su extradición.
“Ese bandido de alta peligrosidad debe ser extraditado. Ese criminal debe venir a responder a Colombia”, dijo Duque sobre este reclamado, según el letrado defensor.
A su juicio, estas manifestaciones, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías y por eso ha cuestionado que en España se pueda acceder a una extradición en la que la persona reclamada “está condenada sin juicio previo”.
“¿Dónde está la presunción de inocencia si el propio presidente de Colombia ya le ha condenado?”, ha lamentado el abogado, que ha insistido en que el reclamado fue obligado a integrarse en las redes de apoyo y solidaridad ciudadana que fueron amparadas por el propio gobierno colombiano en un decreto de 2002.
Unas redes de cooperantes e informantes de las que habría formado parte Castro y que surgieron del propio estado, ha abundado el letrado. que ha considerado que en realidad estaríamos “ante un delito provocado porque el crimen sería por inducción del gobierno colombiano.”
Según la reclamación, se trata de un “desmovilizado” del ELN al que se investiga por cuatro casos de entrega de jóvenes para su asesinato en Cali y en las poblaciones de Coyaima, el Guamo y Potrerito, en el departamento del Tolima.
Con la macabra practica de los “falsos positivos”, que comenzó en los años 90, miembros del Ejército reclutaban a campesinos y jóvenes pobres con promesas de empleo y, una vez los convencían, los trasladaban a distintos lugares del país donde los ejecutaban a sangre fría y luego los presentaban como guerrilleros muertos en combate.
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EFE
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