En medio de la creciente preocupación por la inseguridad en las zonas rurales de Antioquia, el gobierno departamental propone una medida controvertida: un impuesto a la energía. Esta iniciativa, que busca mejorar las condiciones de seguridad en los territorios más alejados de los centros urbanos, podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen en la región.
Desde el principio de este año, la Gobernación de Antioquia ha estado trabajando en un proyecto para gravar el consumo de energía en los hogares de los estratos más altos, con el objetivo de generar fondos que se destinen exclusivamente a la seguridad rural.
Aunque la propuesta ya ha sido rechazada en su primera versión por la Asamblea Departamental, el gobierno no se ha dado por vencido y, tras realizar ajustes, la medida regresa para su nueva discusión.
La Gobernación de Antioquia vuelve a la carga con el impuesto para seguridad. Andrés Julián Rendón reintroduce el proyecto tras ajustes y socialización
Este impuesto se basa en un modelo ya adoptado por otros departamentos del país, como Atlántico y Valle del Cauca, donde la recaudación de tributos específicos ha ayudado a financiar iniciativas locales de seguridad pública.
La diferencia en Antioquia es que el nuevo enfoque está dirigido a una “ruralidad dispersa”, una realidad que enfrenta dificultades de acceso a la justicia y a los servicios básicos, y donde la presencia de grupos criminales se ha hecho más visible.
¿Cómo financiar la seguridad rural con un impuesto a la energía?
El plan presentado por la Gobernación propone que sean los consumidores de energía de estratos 4, 5 y 6 quienes contribuyan con un impuesto adicional en sus facturas, de acuerdo con su consumo mensual. A diferencia de otras iniciativas tributarias, este gravamen no afectaría a los hogares de estratos más bajos, quienes estarían exentos de esta carga.
Con los fondos recaudados, la administración departamental busca invertir en tecnologías avanzadas para mejorar la seguridad, como la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, la ampliación de la red de fibra óptica en las zonas rurales y el uso de drones para patrullajes aéreos.
Estas acciones se complementarán con la implementación de vehículos blindados para los cuerpos de seguridad y la construcción de nuevas cárceles que ayuden a resolver el hacinamiento carcelario y a fortalecer la justicia.
Aunque el proyecto ha despertado optimismo en algunos sectores, su aprobación aún depende de las discusiones que se darán en la Asamblea Departamental en las próximas semanas.
Para el gobernador Andrés Julián Rendón, este gravamen es una medida clave para garantizar una respuesta rápida y eficiente a los problemas de seguridad, dado el limitado margen fiscal del departamento.
En lugar de recurrir a reformas tributarias tradicionales, la opción de financiar proyectos específicos a través de un impuesto sobre servicios públicos podría convertirse en un modelo replicable para otras regiones con problemas de seguridad similares.
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