Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, se declaró inocente este viernes ante la Fiscalía General de la Nación de los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias que le fueron imputados.
La audiencia de imputación de cargos, que tuvo lugar al mediodía de este viernes, estuvo centrada en los presuntos sobornos que habrían sido entregados a congresistas para facilitar acciones ilícitas.
La Fiscalía señaló a Ortiz como la presunta responsable de recibir y entregar grandes sumas de dinero a través de un esquema de sobornos que involucraba a varios actores políticos y exfuncionarios del gobierno.
Según las autoridades, la exconsejera actuó bajo las órdenes de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en la distribución de los sobornos. Los implicados habrían entregado un total de tres mil millones de pesos para influir en decisiones clave dentro del Senado y otras instituciones gubernamentales.
Fiscalía imputó a Sandra Ortiz por lavado de activos y tráfico de influencias en caso UNGRD
La Fiscalía detalló que el dinero destinado al soborno del expresidente del Senado, Iván Name, se entregó en dos tandas de 1.500 millones de pesos, las cuales fueron recibidas por Sandra Ortiz en el Hotel Tequendama de Bogotá. La fiscal a cargo del caso aseguró que Ortiz fue la encargada de gestionar la entrega de la plata, afirmando que “el dinero fue contado por usted” en una de las reuniones clave que tuvieron lugar en el hotel.
Este dinero, según las investigaciones, fue trasladado en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y del Dapre, lo que refuerza las sospechas de un entramado de corrupción dentro de instituciones del gobierno.
Las entregas de dinero involucraron a otros implicados como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes eran directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
A pesar de las acusaciones y los testimonios presentados por la Fiscalía, Sandra Ortiz se declaró inocente de los cargos que se le imputan, señalando que no cometió los delitos de lavado de activos ni tráfico de influencias.
La exconsejera alegó que, en su calidad de funcionaria, solo cumplía instrucciones de su superior, Carlos Ramón González, y que actuaba simplemente como “mensajera” de la distribución de los sobornos, sin tener conocimiento ni participación en la maniobra de desfalco que involucraba a la UNGRD.
Ortiz también rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponer medidas de privación de libertad en su contra mientras avanzan las investigaciones. De acuerdo con la defensa, las pruebas presentadas hasta el momento no son suficientes para sustentar una condena y, por lo tanto, solicitaron que se le permita seguir el proceso en libertad.
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