El año 2025 se presenta como un periodo crucial para las investigaciones que enfrentan el presidente Gustavo Petro y su campaña por la presunta violación de topes electorales. Tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como la Comisión de Acusación de la Cámara jugarán un papel fundamental en determinar el futuro político del mandatario y su equipo.
El proceso en el CNE ha avanzado considerablemente. La sala plena del CNE dejó en firme el pliego de cargos contra Petro y su equipo de campaña, acusándolos de exceder los límites de financiamiento electoral en ambas vueltas presidenciales, superando los 5,300 millones de pesos. Aunque Petro ha optado por no refutar las pruebas presentadas, su defensa busca ganar tiempo mientras se acercan los plazos de caducidad de la investigación, previstos entre junio y agosto de 2025.
Por su parte, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña, presentó una defensa exhaustiva de 150 páginas, solicitando pruebas adicionales, como información sobre vuelos realizados por la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) durante la campaña. También se ha pedido el testimonio de personas clave como Ralph Alirio Castillo Herrera y representantes del sindicato USO.
En las próximas semanas, los magistrados del CNE resolverán las nulidades presentadas por los investigados, quienes argumentan la falta de competencia del tribunal para investigar a un presidente en ejercicio. Las decisiones sobre estas nulidades se esperan para mediados de febrero de 2025.
Después de resolver las nulidades, el CNE decretará las pruebas solicitadas, extendiendo esta fase hasta mayo de 2025. La sala plena del CNE evaluará las pruebas, permitirá alegatos y finalmente tomará una decisión. El proceso podría extenderse debido a la presentación de nuevas nulidades o recusaciones.
Cambios en la composición del CNE
Otro aspecto relevante es la renuncia del magistrado César Lorduy, cuya vacante podría ser ocupada por un aliado del petrismo, alterando las mayorías actuales en el CNE. Esta elección, que se decidirá en el Congreso, será crucial para las decisiones del tribunal en el futuro.
Progreso en la comisión de acusación
En paralelo, la Comisión de Acusación de la Cámara, liderada por parlamentarios cercanos a Petro, avanza lentamente en la investigación. La decisión de abrir una investigación formal o archivar el caso dependerá de Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo.
La Comisión enfrenta una presión considerable, ya que no investigar podría resultar en acusaciones de prevaricato. La demora en tomar una decisión podría coincidir con la campaña electoral de 2026, aumentando la tensión política.
De interés: Incremento de grupos criminales en Colombia durante el gobierno Petro
¡Síguenos en Facebook y Twitter para mantenerte informado con las mejores noticias!