Una jueza declaró este martes competente para definir la petición de libertad presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe pero pidió a la Corte Suprema de Justicia que defina bajo qué régimen debe seguir el caso.
La decisión la tomó la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Salcedo Duarte, en una audiencia virtual en la que no se abordó la solicitud de la defensa de Uribe, en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto en un caso que se le sigue por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
La ley bajo la cual debe seguir el proceso al expresidente es objeto de debate entre las partes.
Por un lado, los abogados del senador de izquierdas Iván Cepeda, contraparte del proceso, consideran que debe seguir por la Ley 600 del año 2000, bajo la cual venía hasta que Uribe renunció al Senado y con ello quedó sin fuero, mientras que la defensa, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Fiscalía aseguran que debe ser juzgado bajo la Ley 906 de 2004.
“Esta funcionaria judicial considera que es la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la que debe definir la impugnación de competencia que se planteó”, aseguró la jueza Salcedo.
La funcionaria explicó que hasta tanto la Corte no se pronuncie y defina el conflicto de competencias, la diligencia en la que se resolverá la solicitud de libertad del excongresista quedará suspendida.
Uribe, de 68 años, y que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, permanece en detención domiciliaria en su hacienda “El Ubérrimo“, en el caribeño departamento de Córdoba, desde el mismo día en que la Corte ordenó esa medida de aseguramiento.
El proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al hoy senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y abrió una investigación por presunta manipulación de testigos a Uribe, fundador del partido de derecha Centro Democrático, al que pertenece el presidente, Iván Duque.
Dos semanas después de que la Corte Suprema dispusiera su detención domiciliaria, el expresidente renunció a su escaño en el Senado, en lo que la contraparte consideró una maniobra para evitar que ese tribunal lo siga investigando porque considera que es víctima de una persecución.
Al renunciar, Uribe perdió el fuero por lo que su proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General, con lo que su defensa pidió que se le permita defenderse en la libertad.
EFE
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