El Gobierno Nacional ha puesto en marcha los primeros decretos derivados de la declaratoria de conmoción interior, con un fuerte impacto en la estructura de tierras, la seguridad y la actividad agropecuaria en Catatumbo y otras regiones afectadas.
Uno de los principales puntos de estos decretos es la activación de la expropiación administrativa para garantizar la entrega de tierras a víctimas de desplazamiento forzado y excombatientes. Según el Decreto 018 de 2025, la medida busca concluir procesos en curso para dotación de tierras y estabilización de comunidades afectadas por el conflicto.
Además, el documento incluye medidas de protección contra la acumulación irregular de terrenos y contempla el uso de predios con vocación agropecuaria como refugios temporales, viviendas rurales o infraestructura de servicios básicos.
Gobierno de Colombia refuerza seguridad y acelera reforma agraria en Catatumbo
El segundo decreto, el Decreto 107 de 2025, tiene un enfoque en la producción agropecuaria y establece medidas para recuperar la estabilidad en la región.
La Agencia de Desarrollo Rural podrá contratar de manera directa la adquisición de bienes y servicios que faciliten el restablecimiento de actividades agrícolas en zonas clave como Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
En cuanto a financiamiento, el decreto obliga a los Fondos Especiales de Fomento Agropecuario a destinar al menos un 2% de los recursos para fortalecer las cadenas productivas locales y garantizar el abastecimiento de alimentos.
Por otro lado, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Agrosavia tienen un plazo de 30 días para implementar medidas que protejan y conserven las semillas y material de propagación de las comunidades rurales, además de desarrollar estrategias de transferencia de conocimiento a los productores.
El tercer decreto, el Decreto 106 de 2025, establece un esquema de financiamiento especial para pequeños y medianos productores agrícolas, que incluye la refinanciación de deudas, suspensión de cobros judiciales y alivios financieros para campesinos.
Entre las disposiciones más relevantes, se estipula que:
La refinanciación solo aplicará a obligaciones contraídas antes de la declaratoria del estado de excepción.
Los nuevos plazos no podrán superar el doble del tiempo pendiente de pago ni exceder los 20 años.
No se cobrarán intereses moratorios mientras dure la medida.
Se priorizarán mujeres rurales, víctimas del desplazamiento y beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
En un segundo paquete de decretos, el Gobierno estableció medidas que incluyen la creación de un comando militar unificado, con autoridad sobre la Fuerza Pública en la zona de conmoción. Este comandante centralizará las operaciones y coordinará con empresas de transporte en la región.
Asimismo, se decretó la suspensión de licencias ambientales mientras se establecen nuevas condiciones para el desarrollo de proyectos en la zona. La restricción aplicará por tres meses después de la finalización del estado de excepción.
El estado de conmoción interior en el Catatumbo sigue generando debate entre sectores políticos y sociales, que analizan el impacto de estas medidas en la estabilidad de la región.
Lea también: El Catatumbo espera contar con ayuda internacional para mitigar efectos de la violencia
¡Síguenos en Facebook y Twitter para mantenerte informado con las mejores noticias!
