El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció disculpas públicas luego de que el Consejo de Estado fallara en su contra por una expresión que utilizó durante la II Asamblea General del partido Colombia Humana. En ese evento, el mandatario calificó de “asesinos” a quienes en diversas manifestaciones públicas o en redes sociales han gritado “fuera Petro”, en señal de descontento con su gobierno.
El fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó al presidente retractarse y ofrecer disculpas a los manifestantes, argumentando que sus palabras excedieron los límites de la libertad de opinión para un funcionario público.
El magistrado Pedro Pablo Vanegas, quien redactó la ponencia, subrayó que la expresión utilizada por Petro no contribuyó a la deliberación pública y constituyó un ataque personal en lugar de un debate de ideas.
Consejo de Estado obliga a Petro a disculparse por calificar de “asesinos” a manifestantes
“Ordenar al señor presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, que en un término de cinco días ofrezca disculpas públicas por haber llamado ‘asesinos’ a las personas que han gritado ‘fuera Petro’”, dice la decisión judicial. Además, el fallo establece que las disculpas deberán ser publicadas en las cuentas de redes sociales de la Presidencia de la República y en la cuenta personal del presidente en X.
Poco después de conocerse la decisión, el presidente se dirigió a los ciudadanos a través de su cuenta de X, donde ofreció las disculpas solicitadas. Sin embargo, el mandatario matizó sus palabras: “Las personas que gritan ‘Fuera Petro’ no son asesinos, disculpen. Pero sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la Democracia”.
El mandatario también explicó que su declaración inicial se refería a aquellos que, con consignas similares, promovieron la violencia que derivó en la masacre de la Unión Patriótica (UP) y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. “Matar a Petro es también un ‘Fuera Petro'”, señaló, en referencia a las amenazas históricas contra la izquierda colombiana.
El fallo del Consejo de Estado responde a varias tutelas interpuestas por ciudadanos que consideraron vulnerados sus derechos a la libertad de expresión, protesta y participación política. La alta corte concluyó que, aunque el presidente tiene derecho a opinar, debe hacerlo dentro de los límites que establece la jurisprudencia, especialmente cuando se trata de ataques personales.
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