El presidente Gustavo Petro declaró este lunes el estado de conmoción interior y emergencia económica ante la crítica situación de orden público que vive la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
La decisión busca enfrentar la arremetida violenta del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en su disputa con las disidencias de las Farc por el control del segundo enclave cocalero más grande del país.
“Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia”, manifestó el mandatario en la red social X.
Estado de conmoción y emergencia económica: el plan de Petro ante la crisis del Catatumbo
Desde el jueves pasado, la región ha sido testigo de una escalada sangrienta que, según datos de la Defensoría del Pueblo, ya deja más de 80 muertos y miles de desplazados.
Frente a este panorama, el presidente Petro también suspendió los diálogos de paz con el Eln, argumentando que “lo que ha cometido el Eln en el Catatumbo son crímenes de guerra. El grupo no tiene ninguna voluntad de paz”.
La declaratoria, que aún espera ser oficializada mediante decreto, podría extenderse por un periodo inicial de 90 días, prorrogable en dos ocasiones con aprobación del Senado.
Cabe recordar que la conmoción interior, regulada por el artículo 213 de la Constitución, otorga facultades extraordinarias al Gobierno para conjurar graves perturbaciones al orden público que no puedan ser controladas con los mecanismos ordinarios.
El Catatumbo enfrenta, además, profundas condiciones de pobreza estructural que han contribuido a la prolongación del conflicto. Fuentes cercanas al Gobierno señalan que los recursos que acompañen la declaratoria podrían ser clave para impactar positivamente en el desarrollo regional.
Sin embargo, analistas advierten sobre los desafíos jurídicos que enfrentará esta medida, dado el reciente antecedente de la Corte Constitucional al tumbar la emergencia declarada en La Guajira por el gobierno Petro.
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