El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este domingo que su Gobierno no aceptará chantajes de bandas criminales luego de que una de ellas se atribuyera los ataques del sábado en Tuluá (suroeste), donde fue asesinado un policía de tránsito y fueron quemados ocho vehículos en las calles de esa ciudad.
“La banda ‘La inmaculada’ ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
En un comunicado que circuló en las últimas horas, ‘La Inmaculada’ se atribuyó los ataques y amenazó al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.
Este domingo, ese municipio del departamento del Valle del Cauca amaneció militarizado, en medio de la zozobra de la población.
Para hoy se tiene programado un consejo de seguridad en la Alcaldía de Tuluá. Allí estarán presentes las principales autoridades, tanto militares como de Policía, el alcalde, y la Gobernación del Valle del Cauca, para analizar lo sucedido el sábado.
Anoche, un policía de tránsito fue asesinado y otro resultó herido en ataques de sicarios, mientras que ocho vehículos fueron incinerados en diferentes sitios, lo que llevó a que se ordenara la militarización de esa ciudad, que es un motor comercial, industrial, financiero y agropecuario de la región.
El Ejército informó hoy que más de 120 hombres de la Tercera Brigada refuerzan el dispositivo de seguridad en coordinación con la Policía y las autoridades regionales y locales, debido a los ataques de la banda criminal.
Las autoridades consideran que los ataques responden a las acciones de la policía contra las bandas criminales, en especial contra ‘La Inmaculada’.
En una de esas recientes operaciones fue capturado Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’, uno de los jefes de ‘La Inmaculada’, conocida también como ‘La oficina’.
Esa banda criminal comenzó hace 16 años y tomó el nombre del barrio de Tuluá en el que surgió: La Inmaculada. Entre sus acciones delictivas está el haber amenazado a Faustino Asprilla, exjugador de la selección colombiana de fútbol y también en equipos de Italia, Brasil e Inglaterra.
Las autoridades también investigan la posible infiltración, en años pasados, de esa banda en la Alcaldía de Tuluá para obtener información de Hacienda sobre empresarios y establecimientos comerciales, a los cuales luego extorsionaban.
El año pasado, ese grupo armado ilegal se atribuyó el asesinato de Alejandro Forero, precandidato al Concejo de Tuluá, al igual que el de un agente de tránsito.
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EFE