El presidente Gustavo Petro ha firmado el Decreto 1231 de 2024, el cual establece importantes cambios en las directrices para el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Esta nueva normativa busca garantizar que el uso de la fuerza sea siempre diferenciado, proporcional y enfocado en la protección de los derechos humanos, un tema central en la política de seguridad del actual gobierno.
La principal modificación introducida por el decreto del gobierno Petro prohíbe el uso de armas de fuego o fuerza letal para proteger bienes materiales o jurídicos que sean considerados de menor valor que la vida humana.
Esta medida es una respuesta a los eventos sucedidos durante el estallido social, en los que varios CAI fueron incendiados, y las intervenciones de la Policía generaron fuertes controversias. En estos casos, el uso de la fuerza letal ya no será una opción, asegurando una mayor protección para los manifestantes y, en general, para los ciudadanos.
Reforma en el uso de la fuerza por parte de la Policía: lo que trae el Decreto 1231 de 2024 del gobierno Petro
El decreto, que entró en vigor el pasado 3 de octubre, afecta directamente al accionar de todas las unidades de la Policía, incluyendo a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UDMO), anteriormente conocida como Esmad.
Esta unidad solo podrá hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario para cumplir con un objetivo legítimo, como dispersar una reunión, prevenir un delito o efectuar una detención legal. Asimismo, el decreto resalta que los agentes deben limitarse a usar la fuerza en situaciones donde no existan otras alternativas viables, priorizando siempre métodos como la disuasión verbal y el diálogo.
La normativa también exige una planificación previa exhaustiva antes de cualquier intervención policial que pueda requerir el uso de la fuerza. Este proceso de planificación deberá incluir medidas preventivas y de contingencia que permitan evitar un uso excesivo de la fuerza y que, al mismo tiempo, protejan tanto a los agentes como a los ciudadanos involucrados.
La implementación de estas nuevas medidas será monitoreada constantemente, y las autoridades tendrán la obligación de realizar informes anuales que analicen la efectividad y el impacto de las mismas.
Uno de los puntos clave del decreto firmado por Petro es la obligación de capacitar a todo el personal de la Policía Nacional en el uso diferenciado y proporcional de la fuerza. Las unidades deberán implementar un programa de instrucción permanente, con el fin de alinear todas las prácticas operativas a las nuevas directrices. A su vez, los actos administrativos internos que contradigan el decreto deberán ser revisados y modificados en un plazo de 18 meses.
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