Érika Aponte era una mujer de 26 años que trabajaba en un local comercial en Bogotá. El pasado 14 de mayo, su expareja, Christian Camilo Rincón Díaz, entró al lugar y le disparó después de una discusión. Luego se suicidó con la misma arma.
Este hecho puso en evidencia las fallas del sistema para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Tres días antes del crimen, Érika había acudido a la casa de justicia de Usme para pedir ayuda. Allí se le otorgaron unas medidas de protección que le prohibían a Rincón Díaz acercarse a ella o a su hijo.
Sin embargo, esas medidas no fueron suficientes para evitar el fatal desenlace. Por eso, la Procuraduría General de la Nación anunció que investigará a los funcionarios del Distrito que presuntamente omitieron las acciones necesarias para garantizar la seguridad de Érika.
La Procuraduría indaga a funcionarios por presunta omisión en el feminicidio de Érika Aponte
Según el Ministerio Público, se verificará si los servidores públicos atendieron adecuadamente el llamado de Aponte y si activaron las medidas apropiadas para el cuidado de la solicitante.
El caso de Érika es uno más de los cientos de feminicidios que ocurren cada año en Colombia, donde desde 2015 este delito está tipificado como autónomo y tiene penas de entre 40 y 65 años sin posibilidad de rebaja.
Sin embargo, la ley no ha sido suficiente para prevenir ni sancionar este fenómeno. La impunidad ronda el 90% de los casos y muchas veces las investigaciones no tienen una perspectiva de género adecuada.
Ante ello, la Procuraduría confirma que ha intentado hacer seguimientos individuales a la mayoría de casos que puede atender, pero este trágico fenómeno está aumentando en el país.
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