La polémica por la licitación de pasaportes en Colombia no se detiene. La empresa Thomas Greg and Sons, que ganó el contrato por casi 600 mil millones de pesos, asegura que cumplió con todos los requisitos y que está lista para formalizar el acuerdo con la Cancillería el próximo lunes 4 de marzo.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y otros sectores políticos y sociales han cuestionado la adjudicación, argumentando que la empresa tiene un monopolio en la elaboración de documentos de identidad y que podría poner en riesgo la transparencia de las elecciones.
Cancillería y Thomas Greg, a un paso de formalizar el contrato de pasaportes pese a las objeciones
Según Petro, Thomas Greg tiene contratos con la Registraduría para el uso de software en los comicios y para la producción de cédulas de extranjería, tarjetas de identidad y registros civiles. “Quieren completar con los pasaportes”, escribió el mandatario en Twitter. “Lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia”, agregó.
El presidente también acusó de “traidor” al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien le adjudicó el contrato a Thomas Greg tras la suspensión por tres meses al canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en el proceso. Salazar fue declarado insubsistente y reemplazado por Paola Vázquez, quien tendrá que firmar el contrato con la empresa.
¿Quién es Thomas Greg, la empresa que se quedó con el contrato de pasaportes en Colombia?
Thomas Greg, por su parte, ha defendido su participación en la licitación y ha negado cualquier tipo de favoritismo o influencia política. La empresa, de origen colombiano dice que ha cumplido con las normas de calidad y seguridad exigidas por la Cancillería y que ha ofrecido el mejor precio por cada pasaporte.
La empresa también ha resaltado su trayectoria en el sector de la seguridad documental y ha afirmado que no tiene ningún conflicto de interés con la Registraduría. Según Thomas Greg, sus contratos con la entidad electoral son independientes y no interfieren con la elaboración de los pasaportes.
La licitación de pasaportes ha generado una gran controversia en el país, pues se trata de un servicio esencial para los ciudadanos y que implica aspectos sensibles como la identidad, la soberanía y la seguridad nacional. Además, el contrato tiene una duración de 10 años y un valor estimado de 600 mil millones de pesos, lo que lo convierte en uno de los más importantes del Estado.
El debate sobre la conveniencia y la legalidad de la adjudicación a Thomas Greg seguirá en los próximos días, mientras se espera que la Cancillería y la empresa formalicen el contrato y que la Procuraduría y la Contraloría avancen en sus investigaciones sobre el proceso.
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