El Ministerio de Salud ha recusado a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y a la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, Diana Ojeda, alegando falta de imparcialidad en el proceso relacionado con la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.
La recusación, formalizada mediante un comunicado, solicita que ambas funcionarias se aparten de cualquier intervención en las actuaciones administrativas vinculadas al tema. Asimismo, pide la designación de un Viceprocurador General y un Procurador Delegado ad hoc que garanticen la objetividad en las decisiones.
La controversia surgió después de que la Procuraduría requiriera al Ministerio información técnica, bases de datos y análisis relacionados con el cálculo de la UPC, un componente clave para la financiación del sistema de salud. La UPC define los recursos que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado en los regímenes contributivo y subsidiado.
Controversia por la UPC: Ministerio de Salud alega falta de imparcialidad en la Procuraduría
En su respuesta, el Ministerio cuestionó la imparcialidad de las procuradoras, citando declaraciones previas en las que Cabello habría calificado las medidas del Ministerio como causantes de una “crisis financiera y humanitaria”. Sin embargo, el Ministerio sostiene que no existen pruebas que respalden esta afirmación y que las dificultades del sistema son “presuntas”.
El plazo para la publicación de la resolución que fija la UPC vence esta semana, dejando a la Procuraduría limitada en su capacidad de supervisión mientras se resuelve la recusación.
Varios sectores del sistema de salud han advertido que una UPC subestimada podría agravar los problemas financieros de las EPS y farmacéuticas, aumentando las quejas de los usuarios por la atención recibida. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en los últimos años la UPC se ha fijado en promedio 2.8 puntos porcentuales por debajo de lo requerido, impactando la sostenibilidad del sistema.
Con esta recusación, el Gobierno Nacional busca tiempo adicional mientras se nombra un nuevo procurador encargado. Gregorio Eljach, quien asumirá como Procurador General a mediados de enero, será clave en el futuro de esta disputa.
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