El pasado 19 de noviembre, un trágico incidente dejó sin vida a dos mujeres colombianas y un hombre mexicano en el motel El Parador, ubicado en Puebla, México. Las víctimas fueron identificadas como Jacqueline Restrepo Díaz, de 22 años, originaria del barrio Aures, en Medellín, y Deicy Acosta, de 24 años, de Bello, Antioquia. Ambas trabajaban como escorts en el país centroamericano.
De acuerdo con las autoridades locales, el hombre, un residente de Baja California Sur, pagó $4,000 pesos mexicanos para compartir la habitación con las jóvenes. La tragedia ocurrió debido a la acumulación de monóxido de carbono, ocasionada por un vehículo que quedó encendido dentro del garaje adjunto a la habitación. Además, los informes forenses revelaron que las tres personas presentaban sobredosis de drogas.
Los huéspedes ingresaron al motel a las 8:00 a.m., y el personal descubrió sus cuerpos horas después, cuando venció el tiempo de la estadía. Al abrir la habitación, los empleados encontraron humo denso y a las tres personas inconscientes: el hombre estaba desvanecido cerca de la escalera, mientras que una mujer estaba tendida en el piso y la otra sobre la cama.
Mueren dos jóvenes colombianas en motel de México: monóxido y sobredosis, las causas
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes.
La causa oficial de muerte fue asfixia por monóxido de carbono combinada con el consumo de sustancias psicoactivas. Las autoridades investigan si hubo negligencia por parte del motel o si algún otro factor contribuyó a la tragedia.
Los cuerpos de Jacqueline y Deicy permanecen en la morgue local sin ser reclamados por familiares. Las familias de las colombianas enfrentan dificultades económicas para gestionar la repatriación de los restos hacia Medellín y Bello, respectivamente.
En declaraciones a medios locales, allegados a las víctimas femeninas pidieron apoyo al gobierno o de organizaciones para cubrir los costos, que pueden superar los $25 millones de pesos colombianos por cada repatriación.
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