Cinco presuntos integrantes de una estructura criminal asociada al Clan del Golfo fueron enviados a la cárcel en Córdoba. Entre ellos se encuentra Lewis Joel Acosta, concejal del municipio de San Carlos, quien habría ejercido un rol crucial en las operaciones de este grupo ilegal, al orientar acciones contra comerciantes y ciudadanos que no acataran las normas impuestas por el grupo armado.
Según las investigaciones de la Fiscalía, esta estructura del Clan del Golfo en Córdoba tenía el propósito de vigilar los movimientos de la fuerza pública y de ejecutar represalias contra quienes se resistieran a la autoridad de la organización.
Acosta, como concejal, habría utilizado su posición para identificar posibles víctimas y gestionar recursos destinados a las operaciones criminales de la subestructura Javier Yepes Cantero, liderada por el Clan del Golfo en la región.
Juez ordena cárcel para cinco presuntos miembros del Clan del Golfo, incluido concejal de San Carlos
Los cinco detenidos y sus roles En la operación, la Fiscalía identificó a los cinco capturados como parte activa de la red. Entre ellos se encuentran:
Lewis Joel Acosta Soto: concejal de San Carlos, presuntamente responsable de identificar víctimas y gestionar recursos para el Clan del Golfo.
Manuel Santiago Reyes Morales, alias “Indio”: señalado como uno de los coordinadores de vigilancia a la fuerza pública.
Nafer José Polo López, alias “Barbero”: presuntamente involucrado en acciones de seguimiento y represalias contra la comunidad.
Claudia Patricia Espitia Guarne y Jairo Segundo Sánchez Polo: ambos habrían colaborado en la logística y en la vigilancia de las instalaciones policiales y militares.
El grupo enfrenta cargos de concierto para delinquir agravado. Durante la audiencia, todos los detenidos se declararon inocentes de los cargos imputados; sin embargo, el juez de control de garantías determinó su reclusión en un centro carcelario mientras continúan las investigaciones.
Las pesquisas de la Fiscalía indican que esta célula del Clan del Golfo contaba con un sistema de alertas que informaba a sus cabecillas de los movimientos de la fuerza pública, además de ejercer control sobre las actividades de la comunidad. Esta red fue desmantelada tras una serie de operativos en los que las autoridades recolectaron pruebas de su participación en acciones violentas y de intimidación en Córdoba.
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