En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se desarticuló un “holding criminal” compuesto por tres empresas de seguridad privada.
Estas organizaciones alquilaban armas de fuego a integrantes de grupos al margen de la ley y los vinculaban como escoltas o coordinadores de escoltas. Este mecanismo les permitía portar armas con salvoconductos legales para movilizarse sin restricciones.
Entre los beneficiarios de esta red estaba Oliverio Isaza Gómez, alias “Terror”, líder del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Isaza fue abatido por la Policía el 22 de febrero de 2025. Su caso reveló cómo estas empresas facilitaban armas y documentos legales a delincuentes, garantizando su protección ante las autoridades.
Las empresas involucradas, identificadas como Pretorian Security Ltda., Securbel Ltda. y Seguridad Sara Ltda., operaban en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Doradal, Ibagué, Neiva y Villavicencio.
Desmantelan red de empresas de seguridad que proveía armas al Clan del Golfo: Tres compañías legalizaban armas y documentos para criminales
La investigación demostró que cobraban entre 10 y 40 millones de pesos por ingresar a miembros de organizaciones criminales a sus nóminas. Además, exigían una cuota mensual de hasta diez millones de pesos para proporcionar armas con salvoconducto, logotipos y credenciales oficiales.
Durante el operativo, se capturó a tres personas que lideraban estas empresas: el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva y el civil Jorge Osvaldo Castaño Galindo. Enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según la Policía, el Clan del Golfo era uno de los principales clientes de esta red. Además de alias “Terror”, también se beneficiaban otros criminales como Edgar Elicio Munévar Castillo, alias “El Caballista”, y Jhon Freddy Gallo, alias “Pájaro”.
La revisión documental reveló que 60 de los falsos escoltas tenían antecedentes penales, algunos vinculados a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Las empresas recuperaban fácilmente las armas incautadas en operativos, amparándose en los documentos legales que poseían.
Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades incautaron más de 100 armas de fuego que serán sometidas a estudios balísticos para determinar su posible uso en homicidios. Además, se aplicó la extinción de dominio a ocho bienes avaluados en más de 1.800 millones de pesos, vinculados a las operaciones ilegales.
El general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional, destacó la importancia de este golpe al crimen organizado y aseguró que las investigaciones continúan para identificar más responsables y beneficiarios de esta red de corrupción.
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