La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, su Secretaría Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, la Asesora Jurídica de este Despacho, María Patricia Ariza Velasco, y la Corporación Colombia Avanza, representada legalmente por Henry Paulison Gómez
Montoya, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil durante el período de calamidad pública por el Covid-19.
Todo ellos fueron vinculados en virtud de que, con su gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial señalado.
Los hechos, declarados en su momento como de Impacto Nacional por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, tienen que ver con el contrato No. 4600085448, por valor de $7.168.848.968.00, suscrito el día 20 de marzo de 2020 entre el Municipio de Medellín- Secretaria de Educación y la Corporación Colombia Avanza.
En el presente caso, el presunto daño patrimonial al Estado está representado en el sobrecosto para el suministro de alimentos por parte del Municipio de Medellín, puesto que en el contrato mencionado se evidenció que el valor por kit alimentario fue de $26.423 pesos, valor que al sumar el porcentaje del costo de logística y transporte ascendió a la suma de $32.500 pesos por kit alimentario, que multiplicado por 220.578 kits pactados en el contrato, arrojó como valor total del mismo la suma de $7.168.848.968 pesos.
Al constatar los valores de los productos antes mencionados con los consultados con el Grupo Éxito dentro de la fecha estipulada en el contrato, se determinó que en este establecimiento el kit alimenticio tendría un costo de $22.149 pesos, lo que significa qué al multiplicar este valor por la cantidad de kits estipulados en el contrato, arrojaría un valor de $4.885.582.122 pesos, advirtiéndose así un sobrecosto de 19,03%, representados en la suma de $942.750.372 pesos, considerada como daño patrimonial al Estado.
