El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la pasada semana centralizar en la Fiscalía el conteo de asesinatos de líderes sociales, una tarea que venía haciendo la Defensoría del Pueblo y que levanta sospechas de un intento de tapar y minimizar uno de los problemas que desangra al país.
Tras una reunión realizada el 3 de febrero con la Fiscalía y la Defensoría, entre otras instituciones, Duque anunció “la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales, teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía de la Nación”.
El presidente defendió la labor de “esclarecimiento” de la Fiscalía ante los asesinatos de líderes sociales, obviando que son los juzgados los encargados de eso, aunque no mencionó en ningún momento a la Defensoría y su trabajo, elogiado por muchas instituciones, en este campo.
Este movimiento “es un atropello a la democracia y a la vida de la gente”, considera en una entrevista con Efe Camilo González Posso, presidente del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).
En la misma línea se pronunciaron otros analistas como Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares): “Acaban de darle un golpe brutal a la democracia colombiana y brutal al sistema de medición de los derechos humanos en Colombia”, dijo en su videoblog.
“El Gobierno parece más preocupado por la imagen y que no se vean muchos muertos, porque se registren con un criterio que minimice los muertos y maximice los resultados, que por resolver el problema”, explica González Posso.
DIVERSIDAD DE CIFRAS PARA UN PROBLEMA EVIDENTE
El problema lo presenta que no hay una fuente única para contabilizar los asesinatos de líderes sociales en el país, un problema evidente y denunciado por organismos internacionales, que aumentó de forma notable el año pasado y sigue en auge en el comienzo de este.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que es la fuente que el Gobierno toma como oficial, documentó en 2020 53 asesinatos hasta diciembre, mientras que Indepaz, la organización con un número más elevado, reportó 310 líderes y lideresas asesinados.
Entre medias están las cifras de la Defensoría, con 139 casos hasta septiembre, y el programa no gubernamental Somos Defensores que hasta septiembre recogió 135 asesinatos.
La variación de los números se explica según la definición de cada organismo de qué es un defensor y su forma de investigar los crímenes.
La Defensoría y Somos Defensores generalmente verifican cada caso y mandan equipos a terreno, la ONU tiene una definición más estricta de qué es un defensor y menos recursos en terreno, e Indepaz recibe las denuncias de las organizaciones sociales y “asume de buena fe” las denuncias de asesinatos que añade a su base de datos antes de la “investigación como hipótesis criminal”.
Ante la pandemia, la ONU ya indicó que están teniendo problemas para la verificación y el registro, y lo mismo sucede en Somos Defensores.
“Generalmente antes de la pandemia hacíamos un proceso de verificación sobre el terreno”, explica a Efe la coordinadora de Somos Defensores, Lourdes Castro, que asegura que el no poder hacer visitas “puede llevar a que tengamos un subregistro mayor” en 2020.
Ante este panorama, el Gobierno, en vez de tomar las cifras de la única entidad estatal que hace registros, la Defensoría, opta por tomar las de la ONU.
“Como la Defensoría tiene una cifra que es mucho más alta que la ONU, entonces van a silenciarla y le encargan a la Fiscalía que sea la que centralice”, explica el director de Indepaz.
¿UNA ESTOCADA A LA DEFENSORÍA?
Desde el inicio de su mandato, Duque ha ido postulando en entidades que debieran ser independientes a personas afines e incluso amigos de vieja data, como el caso del fiscal general, Francisco Barbosa, a quien ternó y luego fue elegido por la Corte Suprema de Justicia.
Antes que fiscal, Barbosa fue consejero presidencial de derechos humanos, posición desde la que, como recuerda Castro, fue señalado de “maquillar las cifras de los asesinatos para presentar unas cifras de disminución que favorecieran las estrategias del Gobierno”.
“A la Fiscalía le corresponde investigar los crímenes, pero no es la institución que se ha ocupado del monitoreo ni de tener un monitoreo juicioso de la situación de agresiones y en particular de los asesinatos”, considera la coordinadora de Somos Defensores.
Además, esta nueva decisión puede amenazar, como han puesto varios políticos de la oposición sobre la mesa, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, una herramienta fundamental para actuar en la protección de comunidades y líderes amenazados.
“La Defensoría del Pueblo fue opacada, fue silenciada durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y luego en el marco del proceso de paz se logró independencia en, por un lado, sacar alertas tempranas que ya no tenían que ser aprobadas por los militares, y luego en materia de seguimiento de derechos humanos. Ahora la acaban de callar”, alegó Ávila.
SI NO HAY BUENAS CIFRAS, NO HAY SOLUCIONES
Ni el presidente ni la Fiscalía ni la Defensoría mencionaron el hecho de que, según el sistema de monitoreo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Colombia está viviendo el inicio de año más violento desde la firma de paz en 2016.
Esconder las cifras, coinciden las personas expertas, no ayuda a trazar una solución al problema pues muchos de los casos de homicidio, como el de la activista colombo-española Juana Perea, asesinada en octubre en su casa del Pacífico, se cierran con la detención del sicario, y pocos con la de la persona que dio la orden de matar.
“Sobre el terreno, mandan a los militares a resolver un problema que no pueden resolver; los militares van y capturan a un sicario, pero es que en este país contratas a un sicario por 100.000 pesos (28 dólares)”, denuncia Posso.
“En un país que ha vivido 70 años de guerra, esto es una fábrica de gente que está entrenada para matar”, continúa el experto. La solución, como para muchos, pasa por aplicar el acuerdo de paz: “Hay que cambiar la perspectiva y adoptar un enfoque de seguridad humana, de estado social, de prevención, de alianza con las comunidades, de no estigmatización”.
Seguir aferrados a las soluciones belicistas, subraya, “es repetir un remedio que no ha dado resultado para una enfermedad que no conocen”.
EFE
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