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La suspicacia en torno al conteo oficial de líderes sociales asesinados en Colombia

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El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la pasada semana centralizar en la Fiscalía el conteo de asesinatos de líderes sociales, una tarea que venía haciendo la Defensoría del Pueblo y que levanta sospechas de un intento de tapar y minimizar uno de los problemas que desangra al país.

Tras una reunión realizada el 3 de febrero con la Fiscalía y la Defensoría, entre otras instituciones, Duque anunció “la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales, teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía de la Nación”.

El presidente defendió la labor de “esclarecimiento” de la Fiscalía ante los asesinatos de líderes sociales, obviando que son los juzgados los encargados de eso, aunque no mencionó en ningún momento a la Defensoría y su trabajo, elogiado por muchas instituciones, en este campo.

Este movimiento “es un atropello a la democracia y a la vida de la gente”, considera en una entrevista con Efe Camilo González Posso, presidente del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).

En la misma línea se pronunciaron otros analistas como Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares): “Acaban de darle un golpe brutal a la democracia colombiana y brutal al sistema de medición de los derechos humanos en Colombia”, dijo en su videoblog.

“El Gobierno parece más preocupado por la imagen y que no se vean muchos muertos, porque se registren con un criterio que minimice los muertos y maximice los resultados, que por resolver el problema”, explica González Posso.

DIVERSIDAD DE CIFRAS PARA UN PROBLEMA EVIDENTE

El problema lo presenta que no hay una fuente única para contabilizar los asesinatos de líderes sociales en el país, un problema evidente y denunciado por organismos internacionales, que aumentó de forma notable el año pasado y sigue en auge en el comienzo de este.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que es la fuente que el Gobierno toma como oficial, documentó en 2020 53 asesinatos hasta diciembre, mientras que Indepaz, la organización con un número más elevado, reportó 310 líderes y lideresas asesinados.

Entre medias están las cifras de la Defensoría, con 139 casos hasta septiembre, y el programa no gubernamental Somos Defensores que hasta septiembre recogió 135 asesinatos.

La variación de los números se explica según la definición de cada organismo de qué es un defensor y su forma de investigar los crímenes.

La Defensoría y Somos Defensores generalmente verifican cada caso y mandan equipos a terreno, la ONU tiene una definición más estricta de qué es un defensor y menos recursos en terreno, e Indepaz recibe las denuncias de las organizaciones sociales y “asume de buena fe” las denuncias de asesinatos que añade a su base de datos antes de la “investigación como hipótesis criminal”.

Ante la pandemia, la ONU ya indicó que están teniendo problemas para la verificación y el registro, y lo mismo sucede en Somos Defensores.

“Generalmente antes de la pandemia hacíamos un proceso de verificación sobre el terreno”, explica a Efe la coordinadora de Somos Defensores, Lourdes Castro, que asegura que el no poder hacer visitas “puede llevar a que tengamos un subregistro mayor” en 2020.

Ante este panorama, el Gobierno, en vez de tomar las cifras de la única entidad estatal que hace registros, la Defensoría, opta por tomar las de la ONU.

“Como la Defensoría tiene una cifra que es mucho más alta que la ONU, entonces van a silenciarla y le encargan a la Fiscalía que sea la que centralice”, explica el director de Indepaz.

¿UNA ESTOCADA A LA DEFENSORÍA?

Desde el inicio de su mandato, Duque ha ido postulando en entidades que debieran ser independientes a personas afines e incluso amigos de vieja data, como el caso del fiscal general, Francisco Barbosa, a quien ternó y luego fue elegido por la Corte Suprema de Justicia.

Antes que fiscal, Barbosa fue consejero presidencial de derechos humanos, posición desde la que, como recuerda Castro, fue señalado de “maquillar las cifras de los asesinatos para presentar unas cifras de disminución que favorecieran las estrategias del Gobierno”.

“A la Fiscalía le corresponde investigar los crímenes, pero no es la institución que se ha ocupado del monitoreo ni de tener un monitoreo juicioso de la situación de agresiones y en particular de los asesinatos”, considera la coordinadora de Somos Defensores.

Además, esta nueva decisión puede amenazar, como han puesto varios políticos de la oposición sobre la mesa, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, una herramienta fundamental para actuar en la protección de comunidades y líderes amenazados.

“La Defensoría del Pueblo fue opacada, fue silenciada durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y luego en el marco del proceso de paz se logró independencia en, por un lado, sacar alertas tempranas que ya no tenían que ser aprobadas por los militares, y luego en materia de seguimiento de derechos humanos. Ahora la acaban de callar”, alegó Ávila.

SI NO HAY BUENAS CIFRAS, NO HAY SOLUCIONES

Ni el presidente ni la Fiscalía ni la Defensoría mencionaron el hecho de que, según el sistema de monitoreo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Colombia está viviendo el inicio de año más violento desde la firma de paz en 2016.

Esconder las cifras, coinciden las personas expertas, no ayuda a trazar una solución al problema pues muchos de los casos de homicidio, como el de la activista colombo-española Juana Perea, asesinada en octubre en su casa del Pacífico, se cierran con la detención del sicario, y pocos con la de la persona que dio la orden de matar.

“Sobre el terreno, mandan a los militares a resolver un problema que no pueden resolver; los militares van y capturan a un sicario, pero es que en este país contratas a un sicario por 100.000 pesos (28 dólares)”, denuncia Posso.

“En un país que ha vivido 70 años de guerra, esto es una fábrica de gente que está entrenada para matar”, continúa el experto. La solución, como para muchos, pasa por aplicar el acuerdo de paz: “Hay que cambiar la perspectiva y adoptar un enfoque de seguridad humana, de estado social, de prevención, de alianza con las comunidades, de no estigmatización”.

Seguir aferrados a las soluciones belicistas, subraya, “es repetir un remedio que no ha dado resultado para una enfermedad que no conocen”.

EFE

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Colombia

Ataque del ELN a camión del Ejército deja dos muertos y 11 heridos

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Ataque del ELN a camión del Ejército colombiano deja dos muertos y 11 heridos

Dos soldados muertos y once más heridos dejó un ataque con explosivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a un camión militar en una zona rural de Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, informaron este miércoles fuentes castrenses.

El Comando de la Segunda División del Ejército Nacional detalló en un comunicado que la acción ocurrió el martes en el caserío Palmarito, en el área rural de Cúcuta.

“Esta acción criminal ocasionó la muerte de dos de nuestros héroes, y 11 más resultaron heridos, dos de ellos de consideración”, detalló el Comandante Segunda División, general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.

Según el Ejército, los guerrilleros del ELN activaron un artefacto explosivo que ocasionó el volcamiento del vehículo en el que se transportaban los militares.

“De inmediato, el personal militar fue evacuado” y los heridos trasladados a un hospital de Cúcuta, mientras que el resto del personal que iba en el vehículo sufrió contusiones que no revisten gravedad, explicó el Ejército.

El ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó el “vil y cobarde atentado terrorista del ELN contra soldados del Ejército” y expresó su “solidaridad y condolencias” a las familias de quienes perdieron la vida en el ataque.

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, también condenó el atentado y aseguró que su administración trabaja “conjuntamente con todas las autoridades para llevar ante la justicia a quienes siembran zozobra y miedo en la región”.

El fin de semana pasado en el caserío de Jurisdicciones, que hace parte del municipio de Teorama, también en Norte de Santander, cinco militares resultaron heridos al caer en un campo minado.

La guerrilla del ELN tiene fuerte presencia en esta parte del país, especialmente en la región del Catatumbo, zona en la que hay grandes cultivos de coca.

Esa guerrilla, al igual que las disidencias de las FARC y otros grupos armados y narcotraficantes, como el Clan del Golfo, se disputan el control de esa región para quedarse con los cultivos de drogas y las rutas del narcotráfico.

EFE

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Murió Herbin Hoyos, periodista insigne de las voces de los secuestrados en Colombia

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Murió Herbin Hoyos

Murió el periodista colombiano Herbin Hoyos, insigne de las voces de los secuestrados en Colombia con su programa radial.

El comunicador de 53 años no logró ganarle la batalla al coronavirus, pese a que hace unos días tuvo una leve mejoría.

Su salud empezó a deteriorarse el pasado 20 de enero cuando se confirmó que padecía un cuadro de neumonía asociado a padecimientos del covid-19.

Desde el gremio periodístico y desde varios sectores políticos colombianos expresaron su voz de pésame a la familia.

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En Colombia se cometieron en 2020 el doble de masacres que en 2019, dice ONU

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En Colombia se cometieron en 2020 el doble de masacres que en 2019, dice ONU

En Colombia se cometieron 76 masacres con 292 asesinados en 2020, lo que supone la mayor cifra de matanzas desde 2014 y casi el doble de las 36 que se produjeron el año anterior, según documentó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual.

Se trata de una “violencia endémica” en la que, a pesar de la bajada de la tasa de homicidios -de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes-, en 2020 hubo “una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales”.

Así lo recoge el informe de la Alta Comisionada sobre la situación en Colombia, que será presentado por la directora de ese organismo, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el próximo 25 de febrero.

“Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014”, manifestó la representante en Colombia de la Alta Comisionada, Juliette Rivero, en su exposición a los medios.

Entre los casi 300 asesinados se encuentran 23 mujeres, seis niñas, 18 niños, siete integrantes de pueblos indígenas y 10 afrodescendientes.

El comienzo de este año, que la Justicia Especial por la Paz (JEP) ya tildó como el más violento desde la firma de la paz, la ONU documentó seis masacres, con 21 víctimas, y está verificando cinco más, mientras que organizaciones como Indepaz recogen datos muy similares con 14 masacres y 55 víctimas en 13 municipios.

“La tendencia de asesinatos de defensores es muy preocupante y el Estado tiene la capacidad y la posibilidad de ajustar sus políticas para prevenir estos casos de violencia”, consideró la representante de Bachelet.

Además, la violencia también provocó el desplazamiento masivo de más de 25.000 personas, sobre todo en los departamentos de Antioquia (noroeste), Chocó (oeste) y Nariño (suroeste), y casi 75.000 personas sufrieron confinamientos impuestos por grupos armados más allá de los dictados por la respuesta a la pandemia de la covid-19.

También siguió la violencia contra líderes sociales y desmovilizados del acuerdo de paz, siendo asesinados 73 exintegrantes de las FARC en 2020.

“La ausencia de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”, concluyó la representante.

CASI UN CENTENAR DE LÍDERES SOCIALES ASESINADOS

La oficina de la ONU recibió información acerca de casi 800 amenazas y agresiones a líderes sociales, sobre todo en zonas rurales, pero también en Bogotá, y de casi 450 violaciones contra los derechos de los periodistas, con dos casos de homicidio.

También aumentaron, con respecto a 2019, los asesinatos de defensores de derechos humanos. La Oficina de la ONU recibió denuncias de 133 casos de homicidios, de los que han podido verificar 90 y están pendientes de demostrar otros 25. Mientras que en 2019, contabilizó 108.

“Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la Oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo”, dijo Rivero ante unos datos que el Gobierno colombiano suele tomar como definitivos y que son bastante inferiores a los 182 homicidios registrados en 2020 por la Defensoría del Pueblo este mes.

Este lunes la consejera Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo referencia a los datos de asesinatos de líderes sociales, citando 66 en 2020 y relacionándolos con los cultivos ilícitos y otras actividades ilegales de grupos armados.

“Aunque en su mayoría los responsables de estos ataques y estos asesinatos son grupos armados no estatales o criminales, lo importante es el deber del Estado de proteger a estas poblaciones y a estos líderes, y creo que se pueden tomar medidas para mejorar la protección”, alegó este martes Rivero en respuesta a la consejera.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO

Ante este aumento de la violencia la ONU considera que lo “más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del Gobierno y reforzar los mecanismos creados por el acuerdo de paz para dar respuesta a esta situación”.

A pesar de los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior, la oficina de derechos humanos recalcó, como lo hizo la semana pasada Human Rights Watch y vienen denunciando organizaciones sociales, que la resolución de las peticiones de protección se retrasan y ponen en riesgo a los defensores.

“Creemos que el 2021 es un año de grandes oportunidades para Colombia”, consideró Rivero, ya que se espera el fin del mandato de la Comisión de la Verdad -creado por el acuerdo de paz-, y por tanto la sociedad y el Gobierno tienen la oportunidad “de recibir, escuchar y conocer la verdad entregada por la Comisión”.

“De esta capacidad de entender la verdad y apropiarse de ella dependerá el presente y el futuro del país para construir una verdadera reconciliación y el respeto pleno de los derechos humanos”, dijo la representante.

“Confiamos en la capacidad y voluntad del Gobierno y del Estado en su conjunto de buscar soluciones prácticas y eficaces a estos desafíos, con la participación de la sociedad civil, reforzando esfuerzos existentes”, concluyó Rivero.

EFE

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