La Fiscalía colombiana ha solicitado formalmente que se realice una audiencia de preclusión de la investigación que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Fue el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gabriel Jaimes Durán quien presentó la solicitud de preclusión en el caso que se adelanta por supuesto soborno y fraude procesal.

La petición fue radicada en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, Colombia.

El ente investigador consideró “luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso” que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al expresidente no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe.

#ATENCIÓN | Comunicado de la #Fiscalía General de la Nación. pic.twitter.com/dDZPrSJ8x7

— March 5, 2021

Colombia anunció este jueves la renovación del Sisbén, sistema con el que se contabilizan las personas por sus condiciones socioeconómicas.

Con el Sisbén IV el gobierno nacional pretende ampliar coberturas, mejorar el sistema y generar mejores entornos de ayuda a la población en vulnerabilidad en el país.

Lo primero que cambiará es el sistema de puntaje, pues ahora está compuesto por cuatro grupos (A, B, C y D).

Así- la clasificación por situación de los hogares queda en estos ítems: En pobreza extrema(A), En pobreza (B), Vulnerables (C) y Nipobres ni vulnerables (D).

Con el Sisbén IV la información de los ciudadanos estará centralizada.

Ya no habrá bases de datos locales. Cualquier novedad presentada en la información de un ciudadano se actualizará en un tiempo de 6 días a partir del momento en que sea remitida al DNP.

El avanza, ahora es una base de datos más moderna que permitirá identificar de mejor manera a los potenciales beneficiarios de los programas sociales. En este video podrás conocer en qué consiste esta actualización y los beneficios que trae. pic.twitter.com/G2zTDLUT0f

— dnp_colombia (@DNP_Colombia) March 4, 2021

La decisión del caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) por manipulación de testigos entra en su recta final en la Fiscalía General, que tiene plazo hasta este sábado para decidir si le acusa o solicita el vencimiento del proceso que inició la Corte Suprema de Justicia.

Estas son las claves del caso:

VOLTERETA JUDICIAL

El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose contra Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.

La Corte consideró que Cepeda no buscó a exparamilitares para fabricar un cartel de falsos testigos contra Uribe, como él denunció, y determinó que las pruebas dejaron en evidencia que Juan Guillermo Villegas Uribe, hombre cercano al expresidente, y otras personas fueron los que buscaron testigos para acusar al senador de izquierdas.

UN EXPARAMILITAR, TESTIGO CLAVE

En el caso son clave los testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, a quien supuestamente el abogado Diego Cadena, que formaba parte del equipo de Uribe, le ofreció ayudas si cambiaba las declaraciones que hizo contra el expresidente.

Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia de Uribe, testificó que el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), del cual fue parte, se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas el expresidente y su hermano Santiago Uribe.

La versión que ha contado Monsalve es que en esa propiedad se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones del grupo, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.

SUPUESTA MANIPULACIÓN DE TESTIGOS

Monsalve posteriormente se retractó de esas acusaciones y dijo que cambió su testimonio por presiones de Cadena, a quien acusa de haberle ofrecido conseguir mejores condiciones en la cárcel y revisar su caso sin cobrarle honorarios.

Uribe ha insistido en que eso es falso, pero la Corte Suprema, a la que acusa ser sesgada en su contra, determinó que Cadena, por orden del expresidente, visitó a varios paramilitares y narcotraficantes en distintas cárceles del país para que declararan a su favor.

La defensa de Uribe argumenta por su parte que nunca hubo presiones o amenazas y que quienes fueron contactados por personas cercanas al exmandatario tenían el interés de testificar en beneficio de Uribe, quien nunca ordenó entregarles dinero a cambio.

Entre las pruebas del caso la Corte recopiló testimonios, conversaciones de WhatsApp, interceptaciones telefónicas a Cadena -cuya validez es cuestionada por la defensa-, audios que Monsalve grabó con un reloj-grabadora desde la cárcel y soportes de los supuestos dineros o ayudas entregadas a los testigos.

DETENCIÓN DE URIBE Y GIRO DEL PROCESO

En octubre de 2019 la Corte Suprema de Justicia, quien investiga a los aforados del país, tomó la decisión de vincular al exmandatario por los delitos de “fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo” después de escuchar a Uribe en una extensa indagatoria.

Después de meses de investigación, el 4 de agosto de 2020 el alto tribunal ordenó la detención domiciliaria de Uribe al considerar que había un riesgo de que el entonces senador del partido de derechas Centro Democrático obstruyera la justicia, decisión que ahondó la polarización alrededor de la figura del exmandatario y generó un gran revuelo político.

Uribe fue reseñado como el preso número 1.087.985 el 12 de agosto y una semana después renunció al Senado alegando violaciones y falta de garantías procesales en la Corte, con lo que perdió su fuero de congresista.

Con la renuncia, considerada por la contraparte como una estrategia de Uribe para “evadir a la justicia” y evitar un posible juicio, el caso dio un vuelco y el expediente pasó a la Fiscalía General, donde el expresidente considera que tendrá un trato más imparcial.

Ese cambio además produjo que el caso ya no se pueda conducir bajo la Ley 600 del año 2000 sino por la Ley 906 de 2004 en la que hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que es el que dirige el eventual juicio.

LIBERTAD DE URIBE

Uribe, quien permaneció 67 días privado de la libertad en su hacienda “El Ubérrimo”, en el departamento caribeño de Córdoba, quedó libre por orden de una jueza de Bogotá el pasado 10 de octubre, aunque siguió vinculado al proceso.

La jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, determinó, después de una extensa audiencia, que para que haya una orden de detención contra Uribe es necesario que exista “una solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de garantías”.

La Fiscalía asignó a principios de septiembre a Gabriel Jaimes Durán como fiscal especial del caso y será él quien decidirá si se acusa a Uribe o solicita la preclusión del proceso.

El senador Cepeda, que ahora es parte civil en calidad de víctima, desconfía de la imparcialidad del fiscal y ha denunciado que Jaimes ha ordenado pruebas que ya fueron practicadas por la Corte para dilatar el proceso.

El hecho de que el caso haya pasado a la Fiscalía, cuyo titular, Francisco Barbosa, es amigo de vieja data del presidente Iván Duque, ahijado político de Uribe, ha despertado sospechas en sectores que anticipan que el ente investigador pedirá el cierre del proceso.

EFE

Un hombre conocido como ‘#Gaitán’ fue el que disparó la bala que mató a la bebé #Celeste en #Cali – https://t.co/fWUfiCe5Q4

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