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Una oleada de secuestros en Colombia evidencia la fragilidad de la paz

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Los secuestros de cuatro personas, dos de ellas con nacionalidad extranjera, en dos zonas de Colombia muestran que este delito, aunque ha disminuido tras la firma del acuerdo de paz, sigue siendo una realidad en el país y evidencia la fragilidad de dicho acuerdo, según aseguraron este miércoles los expertos.

Dos militares fueron secuestrados este martes en una zona rural de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y ese mismo día autoridades locales también confirmaron la “retención” desde el sábado de dos personas con ciudadanía colombo-italiana y colombo-canadiense por un grupo armado en el municipio de Páez, en el departamento de Cauca (suroeste), de las cuales se desconoce el paradero.

Estas dos últimas personas, cuyas identidades aún se desconocen, trabajaban en el comercio de fruta y se dirigían al cercano municipio de Inzá para hacer un análisis de mercado, según indicó a Efe el alcalde de Páez, Arbey Velasco.

El alcalde explicó que “hasta ahora ningún grupo armado se ha atribuido el hecho” pero indicó que en la zona actúa la disidencia de las FARC “Dagoberto Ramos”, a la que se le atribuyen ataques y extorsiones contra la población de esta zona, que es mayoritariamente indígena.

El Ejército atribuye también a otra disidencia de las FARC el secuestro en el corregimiento de Guamalito, que hace parte del municipio de El Carmen, en el Catatumbo, de los militares Jesús Alberto Muñoz Segovia y Yonny Andrés Castillo Ospino, que se encargaban de recoger víveres para sus compañeros.

2020 CERRÓ CON SEIS PERSONAS SECUESTRADAS

Según cifras oficiales, Colombia cerró el 2020 con seis personas secuestradas y tuvo el número más bajo desde que se lleva el registro, con 88 casos, cuatro menos que en 2019.

Durante el conflicto armado, la cifra de secuestrados llegó a los 31.021, entre ellos 1.214 militares y policías, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

No obstante, la situación actual es preocupante en regiones como el Catatumbo, que hace parte de Norte de Santander, el Cauca y Arauca (también fronterizo con Venezuela), donde ocurren la mayoría de los incidentes, en medio de los diversos conflictos en los que se enfrentan grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales por el dominio territorial.

El director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac), Jorge Restrepo, explicó hoy a Efe que el Cauca, por ejemplo, “es una zona de disputa entre muchos grupos armados organizados”, pese a que allí se lograron los más rápidos beneficios del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

“Es la región que concentra el mayor número de masacres; es el departamento del país que experimenta uno de los crecimientos más rápidos de cultivos de uso ilícito, en particular de coca y de marihuana, y es una de las zonas del país que tiene el mayor número de disputas entre esos grupos”, añadió.

LA FRAGILIDAD DE LA PAZ

Restrepo señaló que estos secuestros son “pinchazos” a una “bomba (globo) bien inflada de paz” y dejan en evidencia “la fragilidad de una paz sostenible” en Colombia.

“Estoy muy preocupado pero diría que estos son unos pinchazos que hay que buscar neutralizar muy rápidamente por parte de la acción de la Justicia y de la fuerza pública a los grupos responsables de estos casos”, manifestó el experto, que es además profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Restrepo también señaló la necesidad de que se entienda que lo que ocurre en el Catatumbo es muy diferente a lo que sucede en el Cauca, por lo que las políticas del Gobierno para atender las amenazas debe ser “localizada y diferenciada”.

“Eso es lo que no tenemos en este momento en la política de seguridad en Colombia, una respuesta localizada y diferenciada”, dijo y precisó que esas medidas deben ser distintas para las regiones más afectadas que además del Cauca, el Catatumbo y Arauca, son el Bajo Cauca antioqueño y el Pacífico nariñense.

ÚLTIMOS SECUESTROS

De los 88 secuestros que se produjeron el año pasado, en tres casos las víctimas fueron ciudadanos extranjeros.

El pasado diciembre un grupo no identificado secuestró durante dos días al español Jesús Antonio Quintana, director para las Américas en la Alianza de Bioversity International y del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), cuando viajaba en su vehículo entre el Cauca y el vecino departamento del Huila.

También en Cauca, en la zona de Corinto, el pasado 16 de marzo supuestos integrantes de las disidencias Dagoberto Ramos secuestraron a Daniel Max Guggenheim, de nacionalidad suiza, y al brasileño José Iban Albuquerque, quienes estuvieron en cautiverio en una vivienda de ese municipio durante más de tres meses.

Mientras se conocían los últimos secuestros, de los dos extranjeros y los dos militares, otro soldado que estaba en poder de las disidencias del Frente 33 de la antigua guerrilla de las FARC fue dejado en libertad y entregado en el Catatumbo a una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“Esta es la primera liberación que facilitamos en 2021, esperamos a lo largo del año seguir contando con el respeto y la confianza de todos los actores armados para continuar trabajando por las víctimas del conflicto y la violencia armada”, afirmó el jefe de la subdelegación del CICR en Bucaramanga, Nicolás Lenssens.

El soldado Ever Andrey Castro fue valorado médicamente por el CICR y luego entregado al Ejército en una base militar del municipio de Tibú, que hace parte del Catatumbo.

EFE

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Colombia

Ataque del ELN a camión del Ejército deja dos muertos y 11 heridos

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Ataque del ELN a camión del Ejército colombiano deja dos muertos y 11 heridos

Dos soldados muertos y once más heridos dejó un ataque con explosivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a un camión militar en una zona rural de Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, informaron este miércoles fuentes castrenses.

El Comando de la Segunda División del Ejército Nacional detalló en un comunicado que la acción ocurrió el martes en el caserío Palmarito, en el área rural de Cúcuta.

“Esta acción criminal ocasionó la muerte de dos de nuestros héroes, y 11 más resultaron heridos, dos de ellos de consideración”, detalló el Comandante Segunda División, general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.

Según el Ejército, los guerrilleros del ELN activaron un artefacto explosivo que ocasionó el volcamiento del vehículo en el que se transportaban los militares.

“De inmediato, el personal militar fue evacuado” y los heridos trasladados a un hospital de Cúcuta, mientras que el resto del personal que iba en el vehículo sufrió contusiones que no revisten gravedad, explicó el Ejército.

El ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó el “vil y cobarde atentado terrorista del ELN contra soldados del Ejército” y expresó su “solidaridad y condolencias” a las familias de quienes perdieron la vida en el ataque.

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, también condenó el atentado y aseguró que su administración trabaja “conjuntamente con todas las autoridades para llevar ante la justicia a quienes siembran zozobra y miedo en la región”.

El fin de semana pasado en el caserío de Jurisdicciones, que hace parte del municipio de Teorama, también en Norte de Santander, cinco militares resultaron heridos al caer en un campo minado.

La guerrilla del ELN tiene fuerte presencia en esta parte del país, especialmente en la región del Catatumbo, zona en la que hay grandes cultivos de coca.

Esa guerrilla, al igual que las disidencias de las FARC y otros grupos armados y narcotraficantes, como el Clan del Golfo, se disputan el control de esa región para quedarse con los cultivos de drogas y las rutas del narcotráfico.

EFE

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Murió Herbin Hoyos, periodista insigne de las voces de los secuestrados en Colombia

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Murió Herbin Hoyos

Murió el periodista colombiano Herbin Hoyos, insigne de las voces de los secuestrados en Colombia con su programa radial.

El comunicador de 53 años no logró ganarle la batalla al coronavirus, pese a que hace unos días tuvo una leve mejoría.

Su salud empezó a deteriorarse el pasado 20 de enero cuando se confirmó que padecía un cuadro de neumonía asociado a padecimientos del covid-19.

Desde el gremio periodístico y desde varios sectores políticos colombianos expresaron su voz de pésame a la familia.

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En Colombia se cometieron en 2020 el doble de masacres que en 2019, dice ONU

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En Colombia se cometieron en 2020 el doble de masacres que en 2019, dice ONU

En Colombia se cometieron 76 masacres con 292 asesinados en 2020, lo que supone la mayor cifra de matanzas desde 2014 y casi el doble de las 36 que se produjeron el año anterior, según documentó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual.

Se trata de una “violencia endémica” en la que, a pesar de la bajada de la tasa de homicidios -de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes-, en 2020 hubo “una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales”.

Así lo recoge el informe de la Alta Comisionada sobre la situación en Colombia, que será presentado por la directora de ese organismo, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el próximo 25 de febrero.

“Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014”, manifestó la representante en Colombia de la Alta Comisionada, Juliette Rivero, en su exposición a los medios.

Entre los casi 300 asesinados se encuentran 23 mujeres, seis niñas, 18 niños, siete integrantes de pueblos indígenas y 10 afrodescendientes.

El comienzo de este año, que la Justicia Especial por la Paz (JEP) ya tildó como el más violento desde la firma de la paz, la ONU documentó seis masacres, con 21 víctimas, y está verificando cinco más, mientras que organizaciones como Indepaz recogen datos muy similares con 14 masacres y 55 víctimas en 13 municipios.

“La tendencia de asesinatos de defensores es muy preocupante y el Estado tiene la capacidad y la posibilidad de ajustar sus políticas para prevenir estos casos de violencia”, consideró la representante de Bachelet.

Además, la violencia también provocó el desplazamiento masivo de más de 25.000 personas, sobre todo en los departamentos de Antioquia (noroeste), Chocó (oeste) y Nariño (suroeste), y casi 75.000 personas sufrieron confinamientos impuestos por grupos armados más allá de los dictados por la respuesta a la pandemia de la covid-19.

También siguió la violencia contra líderes sociales y desmovilizados del acuerdo de paz, siendo asesinados 73 exintegrantes de las FARC en 2020.

“La ausencia de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”, concluyó la representante.

CASI UN CENTENAR DE LÍDERES SOCIALES ASESINADOS

La oficina de la ONU recibió información acerca de casi 800 amenazas y agresiones a líderes sociales, sobre todo en zonas rurales, pero también en Bogotá, y de casi 450 violaciones contra los derechos de los periodistas, con dos casos de homicidio.

También aumentaron, con respecto a 2019, los asesinatos de defensores de derechos humanos. La Oficina de la ONU recibió denuncias de 133 casos de homicidios, de los que han podido verificar 90 y están pendientes de demostrar otros 25. Mientras que en 2019, contabilizó 108.

“Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la Oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo”, dijo Rivero ante unos datos que el Gobierno colombiano suele tomar como definitivos y que son bastante inferiores a los 182 homicidios registrados en 2020 por la Defensoría del Pueblo este mes.

Este lunes la consejera Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo referencia a los datos de asesinatos de líderes sociales, citando 66 en 2020 y relacionándolos con los cultivos ilícitos y otras actividades ilegales de grupos armados.

“Aunque en su mayoría los responsables de estos ataques y estos asesinatos son grupos armados no estatales o criminales, lo importante es el deber del Estado de proteger a estas poblaciones y a estos líderes, y creo que se pueden tomar medidas para mejorar la protección”, alegó este martes Rivero en respuesta a la consejera.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO

Ante este aumento de la violencia la ONU considera que lo “más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del Gobierno y reforzar los mecanismos creados por el acuerdo de paz para dar respuesta a esta situación”.

A pesar de los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior, la oficina de derechos humanos recalcó, como lo hizo la semana pasada Human Rights Watch y vienen denunciando organizaciones sociales, que la resolución de las peticiones de protección se retrasan y ponen en riesgo a los defensores.

“Creemos que el 2021 es un año de grandes oportunidades para Colombia”, consideró Rivero, ya que se espera el fin del mandato de la Comisión de la Verdad -creado por el acuerdo de paz-, y por tanto la sociedad y el Gobierno tienen la oportunidad “de recibir, escuchar y conocer la verdad entregada por la Comisión”.

“De esta capacidad de entender la verdad y apropiarse de ella dependerá el presente y el futuro del país para construir una verdadera reconciliación y el respeto pleno de los derechos humanos”, dijo la representante.

“Confiamos en la capacidad y voluntad del Gobierno y del Estado en su conjunto de buscar soluciones prácticas y eficaces a estos desafíos, con la participación de la sociedad civil, reforzando esfuerzos existentes”, concluyó Rivero.

EFE

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