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Colombia

Conceden la segunda instancia en el caso Andrés Felipe Arias

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La Corte Constitucional concedió el amparo al derecho fundamental al debido proceso al exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Eso significa que podrá impugnar la condena a 17 años de prisión que purgaba.

Arias fue condenado en ausencia, en 2014, por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de cárcel por el caso AIS, un caso fraudulento de créditos oficiales para beneficiar a grandes terratenientes cuando él era ministro durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

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Colombia

Llegan a Colombia 117.000 vacunas de Covax, las primeras en América

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Llegan a Colombia 117.000 vacunas de Covax, las primeras en América

Un lote de 117.000 vacunas de Pfizer, que forman parte del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la covid-19 (Covax), llegó este lunes a Colombia, el primer país de América en recibir dosis a través de este mecanismo.

El avión aterrizó hoy en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, sobre la 13.10 hora local (18.10 GMT), conteniendo las dosis conseguidas a través de Covax, que este mecanismo patrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo ha entregado a Ghana, Costa de Marfil, India, Corea del Sur y Colombia por el momento.

“Celebro con ustedes la primera entrega de vacunas a Colombia, el primer país de las Américas en recibir vacunas a través del mecanismo Covax”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanon Ghebreyesus.

El Gobierno colombiano firmó con Covax el pasado 30 de octubre un acuerdo para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica estadounidense para inmunizar a 10 millones de personas.

El presidente de Colombia, Iván Duque, que recibió este nuevo contingente de vacunas, como ya lo hizo con los anteriores, reconoció la labor de Covax al garantizar “que países que no tienen los medios suficientes para acceder a las mismas (vacunas) lo puedan hacer de una manera equitativa y justa”.

Tedros recordó que 237 millones de vacunas serán asignado a 142 países a través de este organismo multilateral creado para el acceso global a las vacunas del covid-19 y favorecer que ningún país, por su nivel de renta o poder de negociación, se quede atrás en la labor de inocular el reactivo contra el virus.

“Aún queda mucho por hacer”, confesó Tedros, para comenzar la vacunación en todos los países en la meta que se impusieron de los primeros 100 días del año.

“Nos quedan 40 días y el acceso a las vacunas no solo es lo correcto sino es lo más inteligente que podemos hacer”, dijo el director de la OMS.

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Colombia

Duque firma el decreto que crea el Estatuto de Protección de los migrantes venezolanos

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Duque

El presidente colombiano, Iván Duque, firmó este lunes el decreto que crea el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos, que tendrá una vigencia de 10 años y con la cual el país busca acoger legalmente a quienes han llegado de la nación petrolera huyendo de la crisis.

“Esto es un hecho de paz, de humanidad y de fraternidad”, expresó el mandatario tras firmar el documento, que según cálculos del Gobierno puede beneficiar a unos dos millones de personas, toda vez que quienes ya han regularizado su situación en Colombia podrán acogerse al estatuto para poder permanecer los diez años en el país.

Según datos de Migración Colombia, hasta el pasado 31 de diciembre había en el país 1,72 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de un millón son indocumentados, por lo cual es imperioso ofrecerles una solución a su estatus, además de unos 800.000 que están con su situación regularizada.

El Estatuto, cuya creación fue anunciada el mes pasado, incluirá un “registro único del migrante” para que los venezolanos que se acojan a él tengan acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano, lo que debe incluir las vacunas contra la covid-19.

Como han precisado las autoridades colombianas, la figura contempla un período de protección de diez años, tras el cual los migrantes deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país.

“MARCAR UN REFERENTE”

El mandatario afirmó este lunes que con este estatuto “Colombia tiene que marcar un referente” porque no puede esperar “eternamente” a que “lleguen todas las ayudas internacionales” para esa población.

“Hemos asumido gran parte de esa responsabilidad social y económica pero al hacerlo, respetuosamente, también apelamos al llamado a la comunidad internacional para que este tipo de medidas se puedan replicar en otros países de la región”, añadió.

Duque expresó que Colombia da “un salto de grandeza”, pese a no ser un “país rico”, algo que no limita a las autoridades “en la fraternidad y en el reconocimiento del dolor de quienes llegan y han llegado” al país huyendo de la crisis venezolana.

APOYO INTERNACIONAL

La medida del Gobierno colombiano ha sido aplaudida por diferentes Gobiernos, organismos internacionales e incluso por el papa Francisco.

En ese sentido, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, expresó hoy que “la decisión de Colombia de crear un estatuto de protección temporal por un periodo de 10 años para las personas venezolanas que se encuentran en su territorio ha sido ampliamente reconocida a nivel mundial y con mucha razón”.

“El Estatuto de Protección Temporal supondrá una diferencia fundamental en las vidas de estas personas. La documentación es un elemento crítico del proceso de inclusión socioeconómica que les permite acceder al sistema general de salud, incluidos los planes de vacunación contra la covid-19”, aseguró Grandi.

Añadió que muchos niños “podrán ir a la escuela”, mientras que sus padres “podrán ingresar al mercado laboral en lugar de depender del sector informal, donde está expuestos a abusos y explotación”.

En esa línea, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, manifestó que “miles de familias de Venezuela tendrán la perspectiva de una vida mejor en Colombia”.

“Esta iniciativa también ayudará a abordar las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes ante la pandemia de la covid-19. Asimismo esta medida se puede traducir en importantes beneficios económicos para Colombia, con un mecanismo claro para que los migrantes venezolanos puedan permanecer en territorio colombiano”, sostuvo Gurría.

EFE

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La violencia y el trato a los migrantes, dos caras de Colombia ante el mundo

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La violencia y el trato a los migrantes, dos caras de Colombia ante el mundo

El Gobierno colombiano mantiene un delicado equilibrio con la comunidad internacional, que por un lado le pide más compromiso con la paz y más acciones contra la violencia, que se ha cobrado la vida de numerosos líderes sociales y exguerrilleros de las FARC, al tiempo que elogia la acogida que brinda a millones de migrantes venezolanos.

La Unión Europea, la ONU, Estados Unidos y España, entre otros países, han manifestado a la administración del presidente Iván Duque su preocupación por la violencia contra los líderes sociales y por los ataques verbales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su trabajo para ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado.

“Nos parece que hay que seguir impulsando la JEP y ese es el mensaje que yo he transmitido aquí, un mensaje que es muy claro”, manifestó la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, al concluir el fin de semana una visita de tres días a Colombia.

Los ataques contra la JEP, incluso con propuestas de que sea eliminada, se han intensificado desde que hace dos semanas ese tribunal de justicia transicional reveló que el número de jóvenes ejecutados por militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, política conocida como de “falsos positivos”, es el triple de los casos investigados por la Fiscalía.

Según la JEP, la cifra real de víctimas de los “falsos positivos”, uno de los capítulos más infames del conflicto armado colombiano, es de 6.402 y la mayoría de esos crímenes fueron perpetrados entre 2002 y 2008, periodo que coincide con el Gobierno de Álvaro Uribe.

A la defensa de la JEP se sumó el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, quien el viernes se reunió con el presidente de ese tribunal, el magistrado Eduardo Cifuentes, “para discutir el valor que nuestras dos democracias otorgan a la importancia de respetar la independencia judicial”.

CRÍMENES SIN FIN

En cuanto a los asesinatos de líderes sociales, son unos crímenes que parecen no tener fin y que se convirtieron hace tiempo en una piedra en el zapato para el Gobierno por las denuncias internas que ya trascendieron las fronteras, especialmente después de un informe de Human Rights Watch (HRW) que el mes pasado acusó al Estado de tener una reacción “lenta y deficiente” ante esa ola de violencia.

Según ese informe, más de 400 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país desde noviembre de 2016, cuando el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, asegura que la orgía de sangre es aún más grande pues entre 2016 y 2020 fueron asesinados en Colombia 753 líderes sociales, y que el año pasado fue el más violento contra los defensores de derechos humanos, con 182 crímenes.

De inmediato, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, expresó la preocupación de Washington “por la violencia en curso contra los defensores de los derechos humanos, quienes desempeñan un papel vital en la construcción de una paz justa y duradera en Colombia”.

“Tuve ocasión de hablar con el presidente del acuerdo de paz, de las instituciones del proceso de paz y del progreso en la labor de esas instituciones (…), porque para nosotros como Gobierno de España esta es una prioridad”, dijo por su parte a Efe González Laya, quien también se reunió en Bogotá con los presidentes de la JEP, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Una posición similar expresó la UE, que tras la publicación, la semana pasada, de otro informe sobre la violencia en Colombia, elaborado por la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, volvió a llamar la atención sobre la situación en el país.

El Gobierno colombiano atribuye la violencia desbordada al narcotráfico en su propósito de acumular la mayor cantidad de tierras para los cultivos ilícitos y a la disputa por esos territorios con otras organizaciones armadas ilegales, como las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para responder a las críticas, el Gobierno cita datos de la Fiscalía según los cuales en el último año se esclareció el 63,52 % de los homicidios de defensores de derechos humanos, y el 52,71 % en casos de exguerrilleros y sus familiares, resultados que si bien son un avance, no atacan la raíz del problema, que es la violencia contra esos dos grupos, ni evita que se cometan los crímenes.

APLAUSOS POR ACOGIDA A LA MIGRACIÓN

Pero si el Gobierno recibe críticas de la comunidad internacional por el incremento de la violencia, también elogios por el trato que está dando a la migración venezolana.

En ese sentido, Duque ha cosechado aplausos por el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos, que tendrá una vigencia de 10 años y con el cual Colombia busca acoger legalmente a unos dos millones de personas que emigraron del país petrolero por la crisis que allí se vive.

“Esto es un hecho de paz, de humanidad y de fraternidad”, expresó Duque hoy al firmar el documento.

Esta iniciativa ha sido reconocida por líderes de organismos internacionales, por el papa Francisco e incluso por el presidente estadounidense, Joe Biden, en una carta que dirigió a Duque.

Más allá de las felicitaciones por la gestión de la migración, el tiempo juega en contra del Gobierno, al que quedan 18 meses, con la gestión de la pandemia y la vacunación contra la covid-19 de por medio, para tratar de mostrar al mundo otra cara de Colombia en lo que a protección de los derechos humanos se refiere.

EFE

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