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Sergio Fajardo cree que es hora de que Álvaro Uribe se retire

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Sergio Fajardo cree que es hora de que Uribe se retire

Sergio Fajardo, el político antioqueño gran sorpresa en los pasados comicios presidenciales de Colombia, cree que es tiempo de que Álvaro Uribe ya no haga más política.

Fue durante una entrevista para el diario El Tiempo que Fajardo concluyó: “Álvaro Uribe jugó un papel importante en los últimos 20 años de la política nacional, pero es momento de pasar la página. Colombia necesita otro tipo de liderazgo y otro tipo de política”.

Al pedir que explique lo dicho, Fajardo acotó que pasar la página es “Dejarla atrás para poder escribir una nueva. Mientras Uribe siga de protagonista, la historia será la misma, repetida con algunos retoques. Ya estuvo”.

Sobre Gustavo Petro, dijo que espera que otros liderazgos despunten en Colombia lejos de los extremos en política.

A lo dicho por Sergio Fajardo, Uribe contestó

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El presidente Duque se hace por cuarta vez la prueba del coronavirus

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duque - coca

El presidente, Iván Duque, se sometió por cuarta vez a una prueba de coronavirus luego de haber tenido contacto con un funcionario que dio positivo a la enfermedad, informaron este martes fuentes oficiales.

La Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, informó que “apenas se conozca el resultado” lo dará a conocer.

La decisión de hacerse de nuevo el test se debe a que el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Camargo, quien hoy dio positivo para COVID-19, participó el pasado 2 de julio con Duque en el programa de televisión “Prevención y Acción”, sobre las acciones contra la pandemia.

En ese programa también estuvieron presentes los ministros de Comercio, José Manuel Restrepo; Salud, Fernando Ruiz, y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, entre otros.

“El fin de semana presenté malestar, de manera preventiva me realicé pruebas para COVID-19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo”, escribió en redes sociales Camargo, quien agregó que continuará con el “aislamiento como indican protocolos” y coordinando desde casa los asuntos de la FND.

La primera vez que Duque se hizo un examen por coronavirus fue tras haber viajado a Estados Unidos donde el 2 de marzo participó en la Conferencia del Comité de Políticas Públicas Americano-Israelíes (Aipac), celebrada en Washington.

Posteriormente, el 20 de marzo, Duque volvió a dar negativo a una segunda prueba tras encabezar una reunión en el palacio presidencial en la que estuvo el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, que dio positivo por la COVID-19.

La tercera ocasión fue el 27 de mayo a raíz de 13 positivos que se detectaron en la Presidencia, cinco de ellos miembros del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y ocho del esquema de protección de la Casa de Nariño.

Además, el 25 de junio fue cerrada preventivamente la sede principal del Ministerio del Interior, situada en frente de la Casa de Nariño, luego de que se confirmara que el viceministro Daniel Palacios dio positivo por COVID-19 tras un viaje a Barranquilla, uno de los principales focos de la pandemia en el país.

El Ministerio de Salud informó ayer que la pandemia del coronavirus deja en Colombia 120.281 casos y 4.210 muertes en cuatro meses.

AGENCIA EFE

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Que se acabe el programa del Presidente Duque en las tardes, pide el Polo Democrático

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Que se acabe el programa del Presidente Duque en las tardes, pide el Polo Democrático

Que ya no emitan más el programa del Presidente Duque a las seis de la tarde en Colombia está pidiendo el partido Polo Democrático.

El programa televisivo ‘Prevención y Acción‘ nació tras la pandemia de coronavirus y tras cien días, parece que se quedará por más semanas al aire.

“El presidente no dice absolutamente nada ni técnico, ni científico. Es un abierta intervención politiquera, sin ética; es un detrimento patrimonial. Debe suspenderse esa intervención, y darse a la oposición el derecho a replicar”, aseguró el presidente de la colectividad Álvaro Argote.

Programa del Presidente Duque en el ojo de la oposición

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Víctima en busca de justicia revela régimen del terror en desierto colombiano

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Victima

En La Guajira colombiana Francisco “Kiko” Gómez era el señor de la muerte. Aliado con paramilitares, sicarios, fiscales, jueces y policías corruptos, implantó un régimen de terror en el que, según sus intereses, decidía quién debía morir, una trama escalofriante y real contada por una de sus víctimas en un libro sobre su lucha por la justicia.

Entre 1995 y 2013 Gómez fue dos veces alcalde de Barrancas y una vez gobernador de La Guajira, cargos desde los que no solo ponía a sus sucesores sino que ordenaba asesinatos de críticos u opositores, recuerda en una entrevista con Efe la periodista Diana López Zuleta, autora de “Lo que no borró el desierto” (Planeta), que presenta este martes.

El título hace referencia a la árida geografía de esa región del norte de Colombia donde Gómez utilizó sus cargos oficiales y alianzas con delincuentes para imponer su ley.

“Eso hizo que él tomara mucho poder; tenía un ejército de sicarios a su servicio, fue quien llevó a los paramilitares a La Guajira, en su casa vivieron paramilitares, él andaba armado públicamente y mandaba a matar a la gente”, afirma la autora, cuyo padre, Luis López Peralta fue asesinado el 22 de febrero de 1997 cuando era candidato a la Alcaldía de Barrancas.

MÚLTIPLES CRÍMENES Y DOS CONDENAS

Por ese crimen, que permaneció dos décadas en la impunidad, Gómez fue condenado a 40 años de cárcel en junio de 2017, cinco meses después de ser sentenciado a 55 años por otros tres homicidios, el de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito (agosto de 2012), su esposo Henry Ustáriz y el escolta de éste, Wilfredo Fonseca (ambos en abril de 2008).

“Una de las cosas que más me impresionaba, que más me causaba escozor era el hecho de que él mandaba a matar a la gente (y luego) iba a los funerales, inclusive, si podía les regalaba para el ataúd” de la persona que acababan de asesinar, afirma López.

Así sucedió cuando asesinaron a su padre y a Ustáriz. En ambos casos Gómez acudió al velatorio para dar el pésame a los familiares y para el funeral de Luis López expidió como alcalde un decreto de honores y dio un discurso, mientras que en el caso del segundo, ayudó a cargar el féretro.

Los crímenes por los que Gómez cumple pena en la cárcel bogotana de La Picota son los más conocidos, pero López recuerda en su libro que el periodista Gonzalo Guillén publicó en 2014 un artículo en el que enumera 131 asesinatos en los que supuestamente estaba involucrado.

“Su modus operandi era quitar de su camino a todo el que le incomodara políticamente y también mató gente por deudas”, afirma López, quien tenía solo diez años de edad cuando su padre fue asesinado en un hotel de su propiedad en Barrancas porque hizo oposición a Gómez y denunció sus actos de corrupción.

CRIMINALES DENTRO Y AL MARGEN DEL ESTADO

Todos los crímenes atribuidos a Gómez en dos décadas tenebrosas que coincidieron con el terror paramilitar en los pueblos de La Guajira y del vecino departamento del Cesar permanecieron en la impunidad porque tenía aliados entre los criminales y en los poderes regionales del Estado.

La autora cuenta en el libro que “a medida que su actividad criminal se extendía por la región, a Gómez lo homenajeaban las instituciones del país y del departamento” con las más diversas condecoraciones que eran al mismo tiempo una humillación para las víctimas silenciadas por miedo.

“Los fiscales estaban a su servicio, y los jueces; más se demoraba una persona en instaurar una denuncia que él en saberlo y en amenazarla o mandarla a matar”, afirma López, quien en su libro narra varios episodios en los que autoridades intervinieron a su favor.

Una de esas ocurrió el 12 de octubre de 2013 en Barrancas cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía enviados desde Bogotá con la orden de detener al entonces gobernador de La Guajira fueron golpeados por sus escoltas, armados con fusiles, ante la mirada complaciente de los policías del pueblo vitoreados por simpatizantes de Gómez.

El incidente fue tan bochornoso que la Fiscalía General tuvo que llamar a la Presidencia de la república y al entonces director de la Policía, general Rodolfo Palomino, para que intervinieran y convencieran a Gómez de entregarse.

“Llevaba dos décadas delinquiendo, cometiendo asesinatos, narcotráfico, y nunca pasaba nada en la región, solo cuando en Bogotá pusieron sus ojos sobre él fue que se pudo hacer justicia pese a que quisieron torpedear muchas veces el juicio e intentar que quedara libre”, añadió la autora a Efe.

VÍCTIMAS SILENCIADAS

El terror que infundía Gómez era tal que aunque las víctimas y testigos de sus crímenes son muchos en La Guajira, nadie quiso buscar justicia por miedo a morir.

Victima

Las excepciones fueron dos mujeres: Diana López y Yandra Brito, pero a esta última también le costó la vida y a la autora, el distanciamiento y recriminaciones de su familia por temor a una venganza con más muertos.

“La consigna era que todo el que hablara contra él moría asesinado, entonces ¿qué me hacía pensar a mí que yo iba a marcar la diferencia? Yandra lo hizo públicamente y él, siendo gobernador de La Guajira, la mandó asesinar”, asegura López, quien cuenta que la misma suerte corrieron muchos sicarios que ejecutaron esos crímenes.

Pese a que Gómez, de 61 años, puede pasar el resto de su vida en prisión, sus víctimas no se sienten seguras porque “él desde la cárcel incluso mandó a asesinar al hermano de un adversario político”, dice la autora del libro en referencia al homicidio del neurólogo Jorge Daza, en enero de 2014 en Barranquilla.

Según López, el motivo del crimen fue que el médico era hermano medio de Bladimiro Cuello, quien se atrevió a disputar a Gómez la Gobernación de La Guajira en las elecciones de 2011 y aunque perdió, tuvo que exiliarse al año siguiente en Estados Unidos por las amenazas de muerte en su contra.

“Lo que a mí me preocupa como víctima, y a las demás víctimas, es que él pueda salir libre”, afirma López al explicar que Gómez pretende acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo de paz con las FARC para juzgar crímenes del conflicto armado colombiano.

Según explica, el exgobernador está intentando que la JEP lo acepte “como financiador del paramilitarismo”, y en ese caso podría salir de la cárcel si colabora con la justicia.

“Le envié una carta a la magistrada que lleva el proceso y le dije que quería constituirme como víctima para oponerme a que él entre a la JEP porque me parece terrible”, dice, ya que al fin y al cabo no se trata de un político que cometió crímenes sino de un criminal que se escudó en la política.

AGENCIA EFE

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