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El caso de Uribe seguirá por la Ley 906 ratifica la Corte Suprema de Colombia El caso de Uribe seguirá por la Ley 906 ratifica la Corte Suprema de Colombia

Colombia

El caso de Uribe seguirá por la Ley 906 ratifica la Corte Suprema de Colombia

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La Corte Suprema de Justicia ratificó que una jueza de Bogotá es la que debe decidir sobre la libertad del expresidente Álvaro Uribe y dijo que el proceso en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos debe seguir en el sistema penal acusatorio.

De esta forma, la Corte Suprema devolvió el caso a la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Salcedo Duarte, quien el pasado 22 de septiembre se declaró competente para definir la petición de libertad de Uribe, en detención domiciliaria desde hace dos meses, pero al mismo tiempo pidió al alto tribunal que se pronuncie sobre cuál régimen debe aplicarse en el proceso.

“Corte Suprema ratifica competencia de jueza 30 de Garantías de Bogotá para resolver la petición de libertad del exsenador Álvaro Uribe dentro del proceso por soborno y fraude procesal. Diligencias que deberán continuar por sistema acusatorio o Ley 906 de 2004”, manifestó este lunes la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria.

La petición de libertad de Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, y la tramitación de su caso por el sistema penal acusatorio fueron pedidas por su abogado Jaime Granados, con lo cual la decisión de la Corte es un avance de la defensa.

PROCESO DE URIBE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO

La discusión estaba en si el proceso debía conducirse según la Ley 906 de 2004 como piden, además de la defensa, la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público), o si, por el contrario, debía primar la Ley 600 del año 2000, como lo solicitó el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), contraparte en este caso.

Sin embargo, la cuestión queda zanjada con la posición de la Corte que dictaminó que el proceso debe conducirse según la Ley 906 de 2004.

La defensa de Uribe ha sostenido que la Ley 600 del 2000, basada en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, no es la indicada para este caso porque los supuestos delitos por los que se investiga a Uribe fueron cometidos después del 1 de enero de 2005, cuando ya estaba en vigor la Ley 906 de 2004.

Esta última ley, del sistema penal acusatorio, establece un sistema en el que hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que es el que dirige el eventual juicio.

La Fiscalía también ha defendido que el caso se siga por la Ley 906 de 2004 porque hace referencia a hechos que supuestamente pudieron haber ocurrido entre 2017 y 2018.

PETICIÓN DE LIBERTAD PENDIENTE

Tras la decisión de la Corte Suprema, la jueza Salcedo deberá fijar la fecha para una nueva audiencia en la que decidirá si concede o no la libertad a Uribe.

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Colombia

La prensa en Colombia resiste entre la pandemia, las agresiones y las amenazas

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Prensa

La prensa colombiana ha tenido que enfrentar en los últimos meses los efectos económicos de la pandemia del coronavirus así como las agresiones físicas y las amenazas, denunció este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el informe sobre el país presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que comenzó este miércoles en Miami, este organismo señala que “los medios no han sido inmunes a las consecuencias negativas de las medidas que el Gobierno tomó para enfrentar la pandemia”.

“El freno abrupto de la economía produjo un desplome en los ingresos por publicidad. La disparada del precio del dólar ha encarecido insumos como el papel. Todos los medios han sentido el rigor de la crisis en particular en ciudades pequeñas e intermedias” lo que hace que se corra el riesgo de “que crezcan los llamados desiertos informativos”.

Para contrarrestar esta situación, la Asociación de Medios de Información (AMI) promueve la adopción de una política pública que evite la desaparición masiva de medios, iniciativa que ha tenido acogida en el Ejecutivo y Legislativo, señaló la SIP.

El organismo destacó además el pacto firmado el pasado 1 de octubre con la Procuraduría General (Ministerio Público), la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Departamentos, para el fortalecimiento de los medios.

AGRESIONES A PERIODISTAS

Pero la pandemia no es la única circunstancia adversa a la que tienen que hacer frente los medios en Colombia, pues el informe recoge que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 33 violaciones a la libertad de prensa durante las protestas de septiembre pasado contra la violencia policial en Bogotá.

“Los ataques más frecuentes han sido 16 agresiones físicas, cinco obstrucciones, cuatro detenciones ilegales y tres amenazas. Se registraron 25 casos de agresiones con balas de goma y bombas aturdidoras causadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, señaló el informe.

La SIP agregó que tras las detenciones se denunció que policías “intimidaban a los comunicadores y les exigían borrar archivos de las memorias de sus dispositivos. Se registró un caso de violencia sexual contra una fotógrafa”.

Un caso más grave registrado en el informe fue la muerte a balazos, el pasado 13 de agosto, del comunicador indígena Abelardo Liz durante una operación del Ejército para desalojar a comunidades indígenas en Corinto, en el departamento del Cauca (suroeste).

LA JUSTICIA NO LLEGA

La prensa también ha tenido que hacer frente a decisiones judiciales adversas como la de un juzgado penal de Tumaco (suroeste) que en agosto concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias “Cherry”, implicado en el secuestro y asesinato en 2018 de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.

La SIP también recopila otras acciones contra la libertad de prensa como la investigación de la revista Semana titulada “Carpetas secretas” que reveló seguimientos del Ejército a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales y corresponsales extranjeros, entre otros.

Una denuncia similar se hizo de la Alcaldía de Medellín por presuntos seguimientos en redes a periodistas a través de la empresa Selecta Consulting Group.

El informe incluye además amenazas a los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados, supuestamente por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que los declaró “objetivo militar” en el norte de Colombia y los conminó a irse del país con sus familias.

Amenazas recibieron también los periodistas Dubán García, Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa, pero en un panfleto firmado por disidencias de las FARC en el sur del país.

Como hecho positivo destacó un fallo judicial que señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa, “en una decisión histórica y después de ocho años, tras la demanda de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y su familia, debido al secuestro, las amenazas y la tortura psicológica que sufrieron en 1999” cuando investigaba el asesinato del periodista de Jaime Garzón.

En otros casos ha reinado la impunidad, ya que el informe incluye cuatro casos de asesinatos de periodistas perpetrados en el 2000 que prescribieron en este semestre al cumplir los 20 años.

Son ellos los de María Elena Salinas, Jhon Jairo Restrepo, Carlos José Restrepo Rocha y Juan Camilo Restrepo Guerra, y añade tres más que prescribirán antes de finalizar este año.

Se trata de los homicidios de Alfredo Abad López, Guillermo León Agudelo y Gustavo Ruiz Cantillo, según la SIP.

EFE

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Colombia

Movilización indígena reforzará el paro nacional del 21 de octubre

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indígena

Los indígenas del suroeste de Colombia reforzarán este miércoles en Bogotá la jornada nacional de protesta contra el Gobierno que convocaron diversos sindicatos y organizaciones populares para manifestar su descontento con la violencia que vive el país y la situación económica y social.

La minga indígena, como se conocen en Colombia estas movilizaciones, llegó el domingo a Bogotá procedente de Cali, principal ciudad del suroeste del país, y el lunes protagonizó una multitudinaria concentración en la Plaza de Bolívar, centro del poder político, para plantear sus demandas al presidente Iván Duque, con quien no han logrado reunirse.

Tras el amplio apoyo recibido en las calles bogotanas, los cerca de 7.000 indígenas que, según sus líderes participan en la minga, se sumarán mañana a las manifestaciones con las que sindicatos y movimientos sociales retomarán las protestas que fueron interrumpidas por la pandemia de coronavirus, y luego tienen previsto emprender el regreso a sus lugares de origen.

“Hoy nos encontramos acá apoyando al paro nacional, que también tiene en las exigencias los incumplimientos del Gobierno Nacional (…) El día de mañana la minga hará el recibimiento al paro nacional en la Plaza de Bolívar”, dijo en una rueda de prensa Noelia Campo, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

PROTESTAS CALLEJERAS

La protesta del miércoles fue convocada por el Comité Nacional del Paro, conformado por sindicatos y organizaciones sociales, para manifestar su rechazo a la política económica y social de Duque, así como a la violencia en regiones como el Cauca, de donde proviene la mayoría de los indígenas participantes en la “minga”.

Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), en lo que va de este año 76 comuneros han sido asesinados en esa región que con 84 resguardos es el departamento que alberga la mayor población indígena de Colombia.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, afirmó que, como en ocasiones anteriores, la jornada de movilizaciones de mañana se hará en “distintos puntos de la ciudad”, y pidió a quienes salgan a manifestarse que lo hagan de manera pacífica, siguiendo el ejemplo de los indígenas, que no han provocado ningún incidente.

“La minga indígena, que se encuentra hoy albergada en el Palacio de los Deportes (un coliseo cubierto de la capital que los acogió) nos ha informado su decisión de retornar al territorio. Mañana (…) saludarán a las organizaciones del paro cívico nacional, saludarán su jornada de protesta, antes de retornar al territorio”, dijo Gómez.

LAS COMUNIDADES SE PREPARAN

Mientras llega la hora de volver a las calles, los “mingueros” permanecen reunidos en el Palacio de los Deportes, en el oeste de Bogotá, donde la Alcaldía les adaptó ese coliseo para que instalen sus carpas y pasen las noches durante el tiempo que permanezcan en la capital.

Sin ninguna actividad prevista para este martes, aprovecharon la jornada para debatir los pasos a seguir o para descansar en ese campamento, ambientado con música tradicional de los pueblos indígenas y donde se siente el olor de los sancochos que preparan al aire libre o de la carne que asan a fuego de leña.

José Alid Liz, guardia indígena del resguardo de Togoima, contó a Efe que respaldarán la protesta de este miércoles porque “hay muchos criterios” que los unen con los manifestantes, como lo son las necesidades que vive “el pueblo colombiano” y las exigencias al Gobierno de que cumpla el acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

“Nosotros hemos demostrado al país y al mundo entero que desde los pueblos indígenas se construye la paz”, afirmó Liz, quien resaltó que en la manifestación que hicieron el lunes “no hubo ningún disturbio, ninguna situación de vandalismo”.

El guardia recordó que esta no es la primera protesta indígena contra el Gobierno pues en 2019 bloquearon la Vía Panamericana, que conecta a Colombia con Ecuador, en manifestaciones que duraron 27 días y causaron grandes pérdidas económicas.

“Venimos desde 2019 exigiendo al Gobierno que se siente a dialogar con nosotros, lo hicimos a través de la toma de la Panamericana para exigir nuestros derechos porque es la única forma de que el Gobierno nos atienda”, expresó.

PROTESTA DE PROFESORES

Mientras los indígenas se preparan, miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) empezaron hoy una huelga de 48 horas en la que participan 250.000 maestros, lo que dejó sin las clases, virtuales en esta época, a unos ocho millones de alumnos.

El secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de Fecode, Miguel Ángel Pardo, explicó a Efe que mañana se sumarán al “paro nacional” porque esa protesta “se constituye en una voz de esperanza por la democracia que hoy está muy duramente agredida por el carácter dictatorial del Gobierno y un canto de esperanza por la vida”.

Según afirmó, los motivos de la huelga son la defensa de la vida, la democracia, la paz, la justicia social y el Estado social de derecho, así como el derecho a la salud; garantías, condiciones y recursos para la continuidad del año escolar en casa; cumplir los acuerdos pactados por el Gobierno y Fecode en 2019, y el rechazo a la violencia en las protestas.

EFE

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Colombia

El Senado aprueba el presupuesto de 2021 por 81.637 millones de dólares

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El Senado

El Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2021 por un monto de 313,9 billones de pesos (unos 81.637 millones de dólares) en el que se da prioridad a la reactivación económica, apoyo a programas sociales y las necesidades de sectores afectados por la pandemia de la covid-19.

Según lo aprobado la noche del lunes en sesión plenaria, los sectores con mayor presupuesto para el próximo año son Educación con 47 billones de pesos (unos 12.265 millones de dólares); Defensa, 39 billones (unos 10.177 millones de dólares); Salud, 35 billones (unos 9.133 millones de dólares), y Trabajo, 27 billones (unos 7.045 millones de dólares)

De los 313,9 billones del presupuesto para el próximo año, 184,9 billones de pesos (unos 48.271 millones de dólares), irán a gastos de funcionamiento; 70,5 billones (unos 18.264 millones de dólares) a intereses y amortización de la deuda pública, y 58,6 billones de pesos (unos 15.288 millones de dólares) a inversión.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, valoró la importancia de los esfuerzos que se harán para cumplir con las metas del presupuesto en medio de una crisis económica que mantiene un alto nivel de incertidumbre a futuro.

“La labor de los congresistas de Senado y Cámara ha sido de destacar, nos ayudaron a replantear e identificar fuentes de recursos dentro del mismo proyecto para dirigirlas a la inversión en sectores que tanto se necesita en un momento en el que nuestra economía está resentida por todo lo acontecido este 2020″, indicó Carrasquilla, citado este martes en un comunicado de su despacho.

Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, aseguró que con lo aprobado el Gobierno cumple cuatro compromisos: por el empleo; por los más vulnerables; por las vías terciarias para el sector rural y por el crecimiento limpio con el que el Ministerio de Ambiente tendrá “por primera vez recursos para evitar y controlar la deforestación para poder plantar 180 millones de árboles”.

Entre las modificaciones realizadas se añadió un artículo que busca beneficiar a las comunidades indígenas y a usuarios de los estratos 1 y 2 para la sustitución del uso de leña para cocinar por cilindros de gas licuado de petróleo (GLP).

CRÍTICAS A LO APROBADO

En las discusiones para aprobar el presupuesto fueron varios los senadores que manifestaron su desacuerdo y criticaron al ministro Carrasquilla.

“Al presupuesto le falta una cifra gruesa, importante, que obedezca a la realidad de las familias colombianas en condiciones de hambruna y penuria, y que corresponda a una renta básica como la que hemos propuesto”, dijo el senador Iván Marulanda, del partido Alianza Verde.

El legislador Israel Zúñiga, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), aseguró que el “presupuesto desconoce realidades de los territorios y hace trizas el anhelo de paz, las esperanzas y sueños de la mayoría de los colombianos, bajo un argumento de crecimiento económico para unos cuantos”.

Mientras tanto, el senador Juan Felipe Lemus, del partido de La U, aseguró que “este presupuesto no va a beneficiar a los ricos” y dijo que prueba de ello es que la partida destinada a Educación es “una de las más altos de Latinoamérica”.

EFE

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