La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del miércoles por 30 días más la implementación de un régimen de excepción, vigente desde finales de marzo tras una escalada de los homicidios, con lo que sería la sexta prórroga aprobada por dicho órgano.
Esta sexta prórroga fue aprobada con 65 votos de los 84 diputados que forman el órgano Legislativo, dominado principalmente por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), y con el rechazo de los partidos en oposición.
De acuerdo con el decreto aprobado, este régimen ha permitido “la reducción altamente significativa de las tasas de criminalidad en el país” y lo ha “convertido así en uno a la vanguardia en la reducción de este flagelo”.
Señala que “aún existen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad”, por lo que “si bien dichas circunstancias que llevaron a la aprobación del régimen han disminuido, persisten las amenazas de dichos grupos” y se “suspende dicho régimen las estructuras podrían reorganizarse y volver a las circunstancias anteriores”.
Al igual que en las anteriores ampliaciones, los legisladores prorrogaron estos poderes especiales al Ejecutivo pocas horas después de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara la solicitud de ampliación del Consejo de Ministros y sin un estudio previo.
Con esta nueva prórroga el régimen de excepción se extiende hasta finales de octubre.
La Constitución salvadoreña indica que la prórroga de la suspensión de la libertad de asociación, reunión y defensa, además de la inviolabilidad de la correspondencia, no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración.
Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales.
El Congreso de amplía mayoría oficialista aprobó la medida y la ha ampliado en seis ocasiones por periodos de 30 días cada una, mientras que las autoridades reportan más de 52.500 detenciones y las organizaciones humanitarias más de 6.500 denuncias de atropellos a derechos humanos.
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