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Argentina reglamenta el autocultivo medicinal de cannabis

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El Gobierno de Argentina oficializó este jueves la reglamentación que permite el autocultivo medicinal de cannabis, así como la elaboración y distribución en farmacias de “formulaciones magistrales”, como aceites y cremas.

El texto, que hoy fue divulgado en el Boletín Oficial, establece la creación de un “Registro del Programa de Cannabis”, dependiente de Ministerio de Salud, que autorizará a “los pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y paliativo del dolor”.

En este registro “los pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada”.

Además, “los pacientes que tuvieren indicación médica para el uso de la planta de cannabis y sus derivados podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas”.

El Estado “brindará colaboración técnica para impulsar la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios”, y “la dispensación del producto se realizará a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y farmacias autorizadas”.

Esta norma supone una reglamentación más amplia a la ley original de 2017, aprobada durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) con el objetivo de promover “la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta”.

La ley de 2017 contemplaba el uso de la planta solo para los pacientes de epilepsia refractaria, y creó un registro nacional voluntario con el objeto de facilitar el acceso gratuito al aceite de cannabis que, según el decreto del Gobierno de Alberto Fernández, “no se encuentra operativo”.

Hasta ahora la posesión de semillas de cannabis estaba prohibida, con penas entre los 4 y los 15 años de prisión.

EFE

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América Latina

Decenas de presuntos integrantes de Sendero Luminoso son detenidos en Lima

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Sendero Luminoso

Al menos 71 personas fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles en Lima, durante una gran operación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía contra presuntos dirigentes y militantes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

La información fue confirmada por el comandante general de la PNP, César Cervantes, quien dijo a la emisora estatal TV Perú que esta operación se concretó luego de un trabajo de inteligencia de varios años.

“Este ha sido un trabajo de inteligencia de largo aliento, coordinado entre la PNP y la Fiscalía”, remarcó Cervantes.

El Ministerio del Interior especificó que se “emplearon pacientemente, por cinco años, las técnicas especiales de investigación como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, agentes encubiertos, videovigilancia y seguimiento”.

Según la información oficial, entre los detenidos figuran miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo político de Sendero Luminoso, y otros organismos como el Ejército Guerrillero Popular.

ÓRDENES DE LA CÚPULA

El Ministerio del Interior señaló que estos organismos buscaban hacer actividades terroristas en Lima y el puerto del Callao y “obedecían directivas y consignas de la cúpula” de Sendero, que dirige Abimael Guzmán, el fundador de la agrupación terrorista que cumple una condena a cadena perpetua.

En ese sentido, Cervantes enfatizó que este “trabajo de inteligencia de largo aliento” trae “un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía por parte de la Policía”.

“Los organismos de inteligencia están alertas y operativos todo el tiempo, sin costo social. Estamos trabajando con resultados y honestidad”, remarcó antes de añadir que la operación se hizo respetando los derechos humanos de los detenidos.

EJÉRCITO GUERRILLERO

El Ministerio del Interior detalló, a su turno, que entre los detenidos hay miembros de los autodenominados Ejército Guerrillero Popular, Frente Único y Movadef, así como dirigentes que fueron excarcelados tras haber cumplido prisión por su militancia en el grupo subversivo, que asoló Perú en las dos últimas décadas del siglo XX.

Aseguró que el principal objetivo del Ejército Guerrillero Popular “era combatir, movilizar y producir ingresos para Sendero Luminoso”, pero ahora ha sido “desarticulado”, mientras que el llamado Frente Único ha sido “golpeado”, ya que cuenta con bases en Lima y en otras regiones del país.

La operación, en la que participaron 1.200 agentes de la PNP y 98 Fiscales, fue dirigida por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, con apoyo de la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial.

El comandante general de la PNP agregó en la cadena local América Televisión que se ingresó en 94 inmuebles y se “ha incautado elementos de convicción” que ya están en poder de la Fiscalía.

RECUPERAR LA CONFIANZA</strong>

Cervantes dijo que esta operación le sirve a la PNP “para recuperar la confianza y reconocerse con la ciudadanía”, tras las críticas y exigencias de reforma de la institución por la violenta represión que lanzó contra las protestas ciudadanas que se dieron hace tres semanas contra la destitución del presidente Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino.

La represión contra una de esas masivas manifestaciones en Lima dejó el pasado 14 de noviembre dos estudiantes muertos y decenas de heridos y llevó, al día siguiente, a la dimisión de Merino, quien fue reemplazado por el legislador Francisco Sagasti.

Una de las primeras medidas del nuevo gobernante fue destituir a la cúpula policial y nombrar a Cervantes como nuevo comandante general de la PNP, lo que ha generado protestas al interior de la institución y desatado rumores de una eventual huelga policial.

Al respecto, Cervantes rechazó este martes cualquier posibilidad de una huelga y reiteró que su institución está comprometida en “recuperar la confianza de la población”.

El jefe de la PNP reconoció “el trabajo de los más de 140.000 policías” que hay en Perú y agregó que durante su gestión se fortalecerá “la investigación y la inteligencia operativa para seguir golpeando al crimen organizado”.

EFE

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América Latina

El hambre sube por quinto año consecutivo en Latinoamérica y afecta al 7,4 %

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Latinoamérica

El hambre aumentó en Latinoamérica en 2019 por quinto año consecutivo y afectó a 47,7 millones de personas, el 7,4 % de la población de la región, donde también se incrementó la inseguridad alimentaria y la obesidad, que siguen siendo “desafíos prioritarios”, alertó este miércoles la FAO.

Después de reducir considerablemente la cifra de gente que pasa hambre entre 2000 y 2014, en los últimos cinco años Latinoamérica ha experimentado un “deterioro” y un repunte “alarmante” del hambre, subrayó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Este reporte nos preocupa porque constata las cifras de los cuatro años anteriores. El hambre afecta a 13 millones de personas más que en 2014 y un 30 % de la población sufre inseguridad alimentaria moderada o grave”, explicó a Efe Julio Berdegué, representante regional de la institución.

Los datos corresponden al informe “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2020” elaborado por la FAO en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Unicef y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El número de latinoamericanos que padecieron hambre en 2019 aumentó en 5,2 millones respecto a la cifra que se reportó en 2018, que fue de 42,5 millones, lo que implica un crecimiento del 12,2 % en doce meses.

Más de la mitad de la población que sufrió subalimentación en la región se concentra en tres países: Venezuela, que ha triplicado la cifra en los últimos 5 años; México, con un aumento de 2,5 puntos porcentuales en el mismo periodo, y Haití, donde casi la mitad de los ciudadanos se encuentran en esta situación.

También aumentó desde 2014 el número de latinoamericanos que sufre inseguridad alimentaria, una coyuntura que en 2019 padecieron 191 millones de personas, casi un tercio de la región, de los cuales 57,7 pasaron hambre o estuvieron más de un día sin comer.

Sobre la malnutrición, el informe elogia los avances contra la desnutrición crónica, que se redujo de un 23 % en 1990 a un 9 % en 2019, una marca inferior al promedio mundial de 21,3 %.

Sin embargo, la FAO alertó sobre un incremento en el sobrepeso y obesidad -la otra cara de la malnutrición-, condiciones que afectaron en 2019 a un 59,5 % de los adultos y que se incrementaron especialmente entre los niños menores de 5 años.

La malnutrición, apunta el informe, afecta especialmente a las familias más desfavorecidas del mundo rural, especialmente poblaciones indígenas y afrodescendientes, y a la gente de menores ingresos de las áreas urbanas.

“Superar la grave situación que existe en algunos territorios con un alto nivel de hambre exige que las políticas públicas se focalicen en estos lugares y en las poblaciones más vulnerables que los habitan”, agregó Berdegué.
LA PANDEMIA, UN RETROCESO DE 30 AÑOS

Según consigna el informe de la FAO, la pandemia, que deja ya más de 13 millones de contagiados en Latinoamérica, agravará y profundizará las cifras de hambre y malnutrición en la región.

Sin contemplar las repercusiones de la covid-19 pero teniendo en cuenta la tendencia de los últimos cinco años, la institución estimó que para 2030 el hambre afectaría a 67 millones de latinoamericanos.

A esta cifra podrían sumarse otros 28 millones de personas, apuntó el informe, correspondientes al grupo que pasará a estar en situación de pobreza extrema según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo que supondría un retroceso de 30 años en los indicadores.

“Se prevé que la pandemia también aumente todas las formas de malnutrición infantil, retraso del crecimiento, deficiencias de micronutrientes, sobrepeso y obesidad”, agregó Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la OPS.

La crisis económica que ha generado la pandemia supondrá, según estimaciones de Cepal, una recesión del 9,1 % en la región y un aumento de pobreza del 37,3 %.

EFE

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Guatemala amplía el estado de calamidad en seis departamentos por los huracanes Eta e Iota

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Guatemala

El Gobierno de Guatemala decretó este martes prorrogar por 30 días más el estado de calamidad en seis departamentos del país debido a los efectos de los huracanes Eta e Iota en noviembre, que dejaron 60 fallecidos y 100 desaparecidos.

El Organismo Ejecutivo ordenó la prórroga mediante el decreto gubernativo 22-2020, publicado este martes en el diario oficial, dando así continuidad al estado de calamidad establecido inicialmente el 5 de noviembre.

El Gobierno que preside Alejandro Giammattei dictaminó la medida ya que los “efectos ocasionados” por Eta “aún persisten” en una parte del territorio guatemalteco.

Los departamentos donde se ordenó la prorroga del estado de calamidad son Chiquimula, Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Petén, ubicados en el este y el norte de Guatemala.

El decreto 22-2020 tendrá que ser ratificado en un plazo de tres días por el Congreso, donde la agrupación política de Giammattei, Vamos, cuenta con mayoría parlamentaria.

Inicialmente el Gobierno de Giammattei había establecido el estado de calamidad el 5 de noviembre en diez departamentos, pero para la ampliación de este martes dejó fuera a El Progreso, Jutiapa, Santa Rosa y Huehuetenango.

Los huracanes Eta e Iota azotaron Centroamérica durante las primeras dos semanas de noviembre, provocando lluvias e inundaciones que dejaron 60 fallecidos y 100 personas desaparecidas, la mayoría de ellas en un poblado del departamento de Alta Verapaz donde alrededor de 150 viviendas quedaron soterradas.

Eta e Iota afectaron en Guatemala a 2,1 millones de personas, incluidas 274.000 evacuadas, principalmente en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, donde hay poblados aún bajo el agua.

Los dos fenómenos meteorológicos dañaron al menos 72.000 viviendas, 21 carreteras, 340 escuelas y 40 puentes, además de generar pérdidas millonarias por la destrucción de cultivos.

De acuerdo a la ley guatemalteca, el estado de calamidad habilita al Gobierno a limitar el derecho de libre locomoción y además le permite impedir concentraciones de personas, entre otras medidas.

El estado de calamidad estuvo vigente este año por cinco meses en todo el territorio implementado por el Gobierno de Giammattei debido a la pandemia originada por la covid-19.

EFE

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