Para castigar a los servidores públicos que sea partícipes del delito de homicidio contra periodistas o personas defensoras de derechos humanos, por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, una diputada mexicana propuso una pena de 50 a 60 años de prisión.
La organización Artículo 19 indicó que, en los últimos años, los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos el Estado mexicano “no se está investigando a sí mismo luego de que los perpetradores, en un gran porcentaje de los casos, son parte del propio Estado”.
La Cámara de Diputados de México informó, en un comunicado emitido este sábado, de que la legisladora Carolina Dávila Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La propuesta al Código Penal Federal establece que “si el homicidio se comete contra un periodista o persona defensora de los derechos humanos por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, se impondrá una pena de 50 a 60 años de prisión”.
Sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas se plantea adicionar el artículo 64 Quáter para señalar que “incurrirá en daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el servidor público que en el marco de su actuación realice acciones u omisiones que desprestigien, obstaculicen y coarten las labores de defensa de los derechos humanos y periodistas”.
Además, la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, prevé crear el Registro Nacional de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual será de carácter público.
México es uno de los países más violentos del mundo para la profesión periodística y los defensores de DD.HH. Cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones en su contra por parte del crimen organizado y de autoridades.
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EFE
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