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Chile alerta de “sobrecarga” en los servicios médicos y la demanda de camas críticas

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El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, dijo este sábado que los nuevos casos han aumentado un 25 % y un 37 % en los últimos siete días y en la últimas dos semanas, respectivamente, y que existe “preocupación” por la sobrecarga de los servicios médicos y la ocupación de las camas intensivas en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

“Mantenemos un aumento de casos que nos preocupa muchísimo. Nos mantenemos preocupados y atentos a dos cosas importantes: a la sobrecarga en los servicios de salud y la situación de las camas críticas”, alertó Paris en rueda de prensa.

En las últimas 24 horas, Chile volvió a superar la barrera de los 4.000 casos diarios del SARS-CoV-2 por segundo día consecutivo, al registrar 4.361 nuevos infectados, y notificó 63 fallecidos, lo que deja el balance total desde inicios de marzo en 637.742 infectados y 17.037 decesos.

“A diferencia de lo que vivimos en el pasado, una gran mayoría son asintomáticos, es decir, son encontrados por búsqueda activa”, aclaró el funcionario.

Hace siete semanas comenzó a incrementarse el número de contagios nuevos diarios en Chile, especialmente en la capital, lo que obligó a las autoridades a decretar cuarentena los fines de semana en la mayor parte de Santiago, donde viven más de siete millones de personas.

Actualmente hay un total de 20.749 activos casos activos, una de las cifras más altas de los últimos meses; 734 pacientes en ventilación mecánica, de los cuales 60 están en estado crítico; y 177 camas en unidades de cuidados intensivos.

El inicio de la segunda ola coincide con el comienzo de la temporada estival y en la última semana fueron frecuentes las aglomeraciones en las playas cercanas a la capital, estimuladas por un nuevo permiso vacacional que anunciaron las autoridades a finales de diciembre.

Paris indicó también que la tasa de positividad sobre el número total no está descontrolada, sino que se mantiene por debajo del 10 %, a diferencia de lo que ocurrió entre julio y junio, cuando llegó a superar el 30 %, con la capital al borde del colapso, en plena cuarentena y los nuevos casos rozando los 7.000.

Chile volvió a batir este sábado el récord de PCR realizados en las últimas horas (58.116) y se acerca a los 7 millones de exámenes efectuados desde marzo.

El país, que abrió sus fronteras en noviembre y desde el jueves pide PCR negativo y cuarentena de diez días a todas las personas que lleguen, se encuentra en estado de excepción por catástrofe hasta marzo y con toque de queda entre las 22.00 horas y las 5.00 horas.

EFE

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América Latina

Falleció Leslie Pino, su esposo oró durante 50 días frente al hospital donde estaba

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Leslie Pino perdió la batalla contra la COVID-19 en el hospital de Portoviejo en Ecuador.

Leslie Pino perdió la batalla contra la COVID-19 en el hospital de Portoviejo en Ecuador.

Su historia cobró mucha relevancia cuando se conoció que su esposo, Luis Aguilar– llevaba orando a diario desde que fue hospitalizada.

En total fueron 50 días en los que el hombre se vio a las afueras del centro médico pidiendo por la salud de su esposa.

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América Latina

adolescente de catorce años muere durante un procedimiento de aborto legal en Uruguay

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Una adolescente de catorce años muere durante un procedimiento de aborto legal en Uruguay

Una adolescente de 14 años falleció durante un procedimiento de aborto legal en Uruguay en diciembre pasado, según denunciaron este viernes agrupaciones feministas y confirmaron a Efe autoridades de la Administración de Salud del Estado (ASSE), que investiga el hecho.

En un comunicado difundido por redes sociales, la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto “Las Lilas” informó de que la adolescente murió de septicemia tras someterse al procedimiento para abortar en el hospital de la capital del departamento (provincia) de Treinta y Tres (este).

La organización social, integrada por agrupaciones feministas de 10 de los 19 departamentos del país, expresó “con enorme dolor” que el deceso se dio una semana después de que la joven cumpliera con el proceso que exige la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en Uruguay en 2012.

Según Las Lilas, el hecho fue reportado al Comité de Muerte Materna que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública y la familia de la joven hizo la denuncia en el sistema judicial.

“Importa recordar que las causas que generan muertes durante el embarazo, parto, aborto o puerperio son, en general, evitables si se actúa adecuada y oportunamente desde los servicios de salud”, detalló la red, que manifestó su preocupación por el silencio que se mantuvo al respecto y apuntó que espera que las autoridades den explicaciones.

Por su parte, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, confirmó a Efe que la administración que tiene bajo su cargo la red de servicios sanitarios públicos de todo el país lleva adelante una investigación administrativa sobre el tema que estaría finalizada a fines de enero y hasta entonces no se brindará declaraciones al respecto.

Antes de que la Ley de IVE o Ley del aborto fuera aprobada en octubre de 2012, bajo el mandato del entonces presidente José Mujica (2010-2015), el proyecto fue vetado por su antecesor Tabaré Vázquez, quien, por ser médico, argumentó que ponía en una posición injusta a los profesionales de la salud.

La ley uruguaya, cuyo proceso de debate y aprobación fue considerado un ejemplo para varios países de la región, no legaliza técnicamente el aborto sino que lo despenaliza antes de las doce semanas siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Entre ellos, las pacientes deben pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que le asesorarán sobre los riesgos de practicarse un aborto e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.

EFE

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La oposición denuncia que el Gobierno venezolano violó el acuerdo para atender la covid

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La oposición denuncia que el Gobierno venezolano violó el acuerdo para atender la covid

La oposición venezolana denunció este viernes que el Gobierno ha violado el acuerdo que firmaron las partes en junio de 2020, por el que preveían que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestionara dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia de la covid-19 en el país.

En el acuerdo, se incluía la compra de pruebas rápidas para el diagnóstico de la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, algo que hizo la OPS el 1 de octubre de 2020, cuando adquirió diez equipos y 340.000 cartuchos para la detección del antígeno del SARS-CoV-2, según un comunicado de la oposición.

Además, siempre según la denuncia, el proveedor donó 18 equipos adicionales.

“Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud estos equipos están destinados a estar en los centros de salud de alta rotación de pacientes con sospecha de covid-19”, asegura la oposición en el comunicado firmado por Miguel Pizarro, quien fue nombrado comisionado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el antichavista Juan Guaidó .

En principio -prosigue la denuncia- las partes acordaron que los equipos y las pruebas se ubicarían en 27 “hospitales centinelas”, aquellos centros en los que se atiende a pacientes con covid-19, en todo el país.

Sin embargo, aseguran que “después de la entrega de los equipos y cartuchos por parte de la OPS al Instituto Nacional de Higiene (INH)”, el Gobierno venezolano tomó “la decisión unilateral de trasladar los equipos a las redes de laboratorios de salud pública regionales y otros centros no autorizados ni preparados para la atención de pacientes” con la enfermedad.

La oposición tuvo conocimiento de esta situación en noviembre y han tratado desde entonces, junto a la OPS, de “que sean devueltos los equipos a las sedes acordadas en un principio, sin obtener respuesta”, de acuerdo a la información difundida por los detractores del presidente Nicolás Maduro.

“Consideramos que la decisión unilateral del régimen de ubicar las máquinas para la prueba de antígeno en los laboratorios de salud pública regional, y en otros entes con baja afluencia de casos de covid-19, representa una clara violación del acuerdo”, sostienen.

En su opinión, esa decisión implica “un uso ineficiente de estas máquinas, alejando las pruebas del paciente y evitando la descentralización de las pruebas, uno de los objetivos de esta compra”.

Además, considera que, al estar los equipos en los laboratorios de salud pública, le otorga al Gobierno “el absoluto control sobre los resultados y la posibilidad de manipulación de la data”.

Finalmente, hacen un “llamado a la comunidad internacional, agencias humanitarias, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales y demás actores a sumarse a la denuncia y la procura de que los equipos, pruebas e insumos para la atención de la covid-19 en Venezuela sean usadas y se pongan al servicio de los venezolanos”.

EFE

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