La vocera de la Corte Suprema de Chile, Ángela Vivanco, afirmó este lunes que el país “no puede transformarse en un Estado policíaco” y pidió no buscar soluciones a la actual crisis de seguridad pública “en estado de desesperación”.
“Hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad, pero no nos podemos transformar en un Estado policíaco”, apuntó la magistrada del máximo tribunal chileno en entrevista con la radio local Cooperativa.
Vivanco reconoció que el aumento de la violencia es una “urgencia”, pero indicó que “también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas, porque cada inserción en el sistema legislativo tiene efectos en otras materias”.
“Tenemos que ser un Estado donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no uno en que los ciudadanos no tengan libertades… Esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas”, agregó.
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Chile, uno de los países más seguros de la región, vive un aumento de la violencia, que en el último mes ha dejado tres agentes muertos en distintos procedimientos.
De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 se registraron 934 homicidios, lo que implica una tasa de 4,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes -muy por debajo de la media regional- y supone un aumento del 34,33 % con respecto al año anterior, cuando hubo 695 homicidios.
“(Chile) no es un Estado fallido (…) No estamos en un sistema donde la delincuencia ya no tenga control”, remarcó Vivanco.
Los asesinatos de los tres policías aceleraron la aprobación hace justo una semana de la polémica ley “Naín-Retamal”, que da más margen de maniobra en el uso de armas de servicio y que establece que en caso de que un policía o militar utilice sus armas de servicio se presumirá que han sido “correctamente empleadas” cuando actúen en defensa propia.
La norma, impulsada por la oposición y bautizada por sus detractores como “ley de gatillo fácil”, fue criticada por expertos penalistas y por Naciones Unidas.
Los crímenes también empujaron al Gobierno del presidente Gabrial Boric -a quien la oposición de derecha acusa de supuestamente haber sido tibio en el combate a la delincuencia al inicio de su mandato- a tomar también una serie de medidas para combatir la delincuencia, como la intervención de los 30 municipios con mayor número de homicidios.
La Fiscalía, por su parte, ordenó dictar “prisión preventiva” para los extranjeros indocumentados que sean detenidos por cualquier delito, una decisión que ha desatado un agrio debate nacional y la preocupación internacional, ya que supone una excepción en la región que no aplican ni siquiera los países con políticas migratorias más duras.
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EFE
