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Chile amanece conmocionado por menor que fue lanzado al río durante protesta

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La caída de un manifestante al canal de un río, presuntamente empujado por un policía, durante una protesta en la noche del viernes, ha conmocionado a Chile y ha desatado una nueva ola de críticas contra Carabineros (Policía militarizada) por la represión durante las manifestaciones.

El independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha monitoreado el estallido social desde que comenzó en octubre de 2019, aseguró que el joven se encuentra estable y solicitó a los Carabineros que “se aclare la situación”.

Imágenes registradas por un canal de televisión muestran como el joven cae al canal de un río sin apenas caudal de agua tras ser arrojado por la baranda de un puente a manos, presuntamente, de un agente policial durante una manifestación en la capitalina Plaza Italia.

La institución de Carabineros desmintió “rotundamente” las imágenes y negó la participación de funcionarios policiales durante el incidente.

La Defensoría de la Niñez, ente autónomo que vela por la protección de los menores, aseguró que se querellará por delitos de homicidio frustrado contra el agente involucrado y solicitó que se recabaran más pruebas.
Los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público, según confirmó la gerente de la División de Víctimas de la Fiscalía, Erika Maira.

NUEVA OLA DE CRÍTICAS CONTRA POLICÍA

Este episodio reavivó las críticas contra las autoridades policiales, que desde el inicio del estallido social en Chile, en octubre de 2019, han sido fuertemente cuestionadas por sus actuaciones a la hora de reprimir las protestas.

“En estas imágenes no hay espacio para posiciones políticas. El uso institucional de la fuerza implica responsabilidad”, aseguró la diputada oficialista, Ximena Ossandón, en su cuenta de Twitter.

La gravedad de los hechos llevó a un grupo de la oposición a solicitar, una vez más, la renuncia del cuestionado director general de Carabineros, Mario Rozas, que también ha sido blanco de críticas a través de redes sociales.

“Bajo su mandato se han violado los derechos humanos de manifestantes en nuestro país, desde el estallido social hasta la fecha”, sentenció Raúl Soto, diputado del opositor Partido por la Democracia (PPD).

Rozas, máxima autoridad de la institución policial, ha rechazado de forma categórica en varias ocasiones los posibles excesos policiales cometidos por algunos funcionarios policiales.

Desde el inicio del estallido social en Chile, el cuerpo policial ha estado en el punto de mira y ha sido acusado por organismos internacionales como ONU, Amnistía Internacional (AI) o Human Right Watch (HRW) por hacer un uso excesivo de la fuerza y cometer graves violaciones a los derechos humanos en las marchas.

Chile vive la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó en 2019 como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.

Las revueltas han dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de mobiliario público.

EFE

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América Latina

La “cotidiana” tarea de guiar hacia la cima del Aconcagua

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Aconcagua

“Hacer cumbre” en el Aconcagua, el pico más elevado de América y del hemisferio sur, es una meta codiciada por aventureros de todo el mundo y la actividad habitual de los guías de montaña locales, a los que cada año, más de 3.000 mil personas siguen, con la esperanza de llegar a la cima del mundo austral. Hasta que el coronavirus ha hecho cambiar de planes.

Acostumbrados a afrontar fuertes vientos, temporales de nieve e incluso avalanchas, esta temporada deberán sortear otro desafío: el restrictivo protocolo que el parque Aconcagua determinó por la covid-19 y que solo permitirá senderismo sin pernoctación con residentes locales.

Una decisión que afectará a los ascensos, la principal fuente de ingresos del parque, el trabajo directo de casi 500 personas y otros tantos empleos turísticos indirectos.

ACONCAGUA, LA CIMA SUR DEL MUNDO

Ubicado en la provincia de Mendoza (oeste), en Argentina, el cerro Aconcagua (6.962 metros), pertenece al parque provincial del mismo nombre. Su cumbre fue alcanzada por primera vez en 1897, por el suizo Matthias Zurbriggen.

Desde entonces se ha convertido en un atractivo mundial para deportistas y aventureros, ya que no solo es la máxima elevación después de las montañas de la cordillera del Himalaya, sino que es uno de los desafíos obligatorios del “Seven Summits” (Siete cumbres), un reto que invita a ascender las cimas más elevadas de cada continente.

“El Aconcagua es una figurita infaltable en ese ‘fixture’, vienen personas de todo el mundo a ascenderla”, comenta a Efe Nils Fontenla, guía de montaña y delegado de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) en Mendoza.

A ese circuito pertenecen también el Everest, (8.848 m) en Asia, el Elbrús (5.542) en Europa, en norteamérica el Denali (6.190), en África el Kilimanjaro (5.895), el Jaya (4.884 m) en Oceanía y el macizo Vinson (4.892) en la Antártida.

LA MONTAÑA Y SU VISITANTES

La temporada en el Aconcagua se desarrolla entre noviembre y abril de cada año, pero los ascensos se efectúan desde fines de noviembre hasta fines de febrero, cuando hay un clima más benévolo.

Según fuentes oficiales del parque, en 2019/20, cerca de 9.000 personas ingresaron, 3.200 (90 por ciento extranjeros) contrataron el servicio de ascenso y entre el 30 y 40 por ciento de ellos lograron ‘hacer cumbre’.

“Los demás llegaron a distintas altitudes en función de su salud, del clima y del tiempo que tenían para hacerlo”, señala a Efe Mario González, guía retirado, fundador de AAGM y miembro de la Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua.

“Aquel que está más fuerte en cuanto a su entrenamiento, a su alimentación, a su aclimatación y a sus conocimientos técnicos sobre el terreno, es aquel que va a llegar un poco más alto”, agrega.

EL ASCENSO

El Aconcagua tiene varias caras o accesos. La vía “normal” es el lado noroeste: “es la más fácil, con pendientes más suaves”, asegura Fontenla.

Al tener menor complejidad técnica, por esa cara ascienden mulas con la carga de los andinistas hasta el campamento base “Plaza de Mulas” (4.300 metros). Desde allí, se pueden contratar porteadores, “sherpas andinos”, quienes pueden acarrear la carga hasta los campamentos más elevados.

La cara sur, por su parte, tiene 4.000 metros de desnivel, llena de rocas de mucha inclinación y grandes formaciones de hielo provenientes de los glaciares: “No es para cualquiera”, afirma González.

El ascenso se realiza de forma escalonada para lograr una “óptima adaptación del organismo” a las diferentes altitudes, y depende también de las condiciones meteorológicas. De allí que las expediciones hacia la cima suelen durar entre 13 y 20 días, por lo que cada guía realiza entre tres y cinco por temporada.

“Probablemente si quisiéramos subir de golpe (…) a la cumbre del Aconcagua, con sus casi 7.000 metros, al cabo de unas horas comenzaríamos a tener una serie de dificultades que podrían evolucionar hasta el fallecimiento”, explica el Fontenla.

LA MONTAÑA ES PARA TODOS, GUIAR ES PARA LOS FORMADOS

“La administración del riesgo que se tiene en la montaña es intrínseco a la actividad, requiere una formación específica”, explica González, quien en 1984 fundó la primera Asociación Argentina de Guías de Montaña, que hoy cuenta con cerca de 500 miembros y forma profesionales en ‘trekking’, montaña y alta montaña.

En la actualidad, y a pesar de ser una profesión con grandes responsabilidades, los guías de montaña aún no cuentan con una regulación nacional de su actividad. Por ello, las asociaciones que nuclean en Argentina a los profesionales del área impulsan la creación de una ley que incorpore a nivel nacional tres puntos que consideran fundamentales: autoridades de aplicación, oficialización de instituciones formadoras y derechos y obligaciones del profesional y su cliente.

LIDERAZGO

Además del estado físico, conocimiento del terreno, análisis de las condiciones meteorológicas, control de los parámetros generales de salud de las personas a su cargo, que luego cotejan con los médicos apostados en la montaña, los guías deben construir liderazgo.

“Más allá de estar a cargo formalmente, que implica ser el responsable de esa expedición, el liderazgo hay que construirlo y hay que ganarse de a poquito ese lugar para que las personas estén dispuestas a seguirte”, señala Fontenla.

“La idea en general es consensuar las decisiones, pero hay cosas que quedan al criterio del dominio y competencias de un guía de montaña y muchas veces eso va en contra de sueños y deseos (..) a veces hay que tomar una decisión en función del bienestar de uno solo de esos elementos y empiezan a aparecer egos”, manifiesta Fontenla.

Subraya que todo termina siendo un aprendizaje, que de todo se aprende y es muy importante que los guías puedan capitalizar esas experiencias para lograr herramientas y poder gestionarlas mejor.

DESAFÍO FRENTE A LA COVID-19

Más allá de las medidas adoptadas por la Dirección de Recursos Renovables, responsable del parque, el grueso de los clientes que contratan ascensos, provienen del extranjero, mayoritariamente de Estados Unidos y Europa y confirman, o al menos sellan su expedición en los meses de septiembre y octubre.

Este año sin embargo, la incertidumbre por la covid-19 y las limitaciones en el transporte y el libre tránsito generaron una gran disminución del turismo internacional, principal consumidor de las expediciones de ascenso.

Por lo pronto, la actividad permitida de senderismo sin pernoctación se nutrirá con los residentes de la zona que deseen pasear por el maravilloso parque. Quedará para el futuro “hacer cumbre” y “rasgar el cielo con las manos a casi 7.000 metros de altura.

EFE

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América Latina

Desigualdad y racismo, la realidad de los afrodescendientes en Latinoamérica

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Desigualdad y racismo, la realidad de los afrodescendientes en Latinoamérica

La desigualdad y el racismo reflejados en los índices de pobreza y de baja escolaridad, son dos los elementos que caracterizan la realidad de la población afrodescendiente en Latinoamérica, una región que ha tenido avances en el tema pero a la que le hacen falta políticas fuertes.

Así lo señala el informe “Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión”, que fue presentado este miércoles en el marco del trigésimo octavo periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que se lleva a cabo de manera virtual, con Costa Rica como anfitrión.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo en la presentación del informe, elaborado en conjunto con el Fondo de Población de la ONU, que en Latinoamérica viven 134 millones de afrodescendientes, que corresponden al 21 % de la población de la región.

“El racismo es parte central de la cultura del privilegio. Las desigualdades raciales son estructurales, afectan todos los derechos y se traducen en pobreza, privaciones de acceso al agua, al saneamiento, a la electricidad, a internet, particularmente en zonas rurales”, explicó Bárcena.

Una de las principales deficiencias de la región es la falta de estadísticas precisas y actualizadas acerca de la población afrodescendiente, por lo que el informe pide a los países incluir en sus censos datos específicos para esta población, ya que sólo Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Panamá lo han hecho.

En cuanto a pobreza, en Brasil alcanza al 25,5 % de la población afrodescendiente, mientras que en la no afrodescendiente es de 11,5 %, situación similar a la de Ecuador, donde las cifras son de 31,5 % y 19,4 %, respectivamente; Colombia con 40,8 % y 27,8 %; y Perú con 19,6 % y 9,9 %.

El informe resalta el caso de Uruguay, donde a pesar de que el índice de pobreza es el más bajo de la región, en el caso de los afrodescendientes es tres veces mayor que en los no afrodescendientes: 7,5 % contra 2,7 %.

Panamá es el único país en el que se invierten los papeles pues la pobreza en los no afrodescendientes es de 15 % y en los afrodescendientes del 10,5 %.

El informe también alerta de que un tercio de esta población está en riesgo de caer en la pobreza.

Bárcena detalló que el estudio establece que la población afrodescendiente tiene índices más elevados de pobreza, desempleo, mortalidad infantil y materna, de embarazo adolescente, entre otros.

Además, las poblaciones afrodescendientes han elevado en los últimos años su acceso a sistemas educativos y los años de escolaridad, pero aún persisten altas tasas de rezago y de abandono en primaria y secundaria.

Entre los avances señalados por Bárcena se destacan que las constituciones políticas de trece países condenan la discriminación racial, cinco hacen referencia específica a las personas afrodescendientes y tres reconocen a los afrodescencientes como pueblo.

En 16 países de la región hay leyes contra la discriminación y lo tipifican como delito, y poco a poco se ha ido incorporando en las normativas de la región el reconocimiento a la propiedad colectiva sobre territorios ancestrales.

Entre los desafíos que cada vez han tomado más relieve en la región está el de la migración intrarregional, ante lo que la secretaria ejecutiva de la Cepal subrayó que algunos países han incorporado la perspectiva étnica y racial en sus normas migratorias.

La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la primera mujer afrodescendiente en llegar a ese cargo, hizo énfasis en que las brechas de desigualdad son “históricas” y que se han agravado con la pandemia de la covid-19, y señaló una de las conclusiones del informe que pide políticas afirmativas y universales.

“La estructura de la discriminación y el racismo tiene techos de hierro que parece que no se pueden romper. Son necesarias acciones afirmativas y políticas universales con perspectivas de diversidad. No vamos a acabar con la pobreza y la exclusión si no miramos la realidad de los afrodescendientes, los indígenas y otros pueblos excluidos”, declaró.

EFE

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América Latina

Hospitales de Venezuela están sin pruebas para covid-19, según la oposición

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Hospitales de Venezuela están sin pruebas para covid-19, según la oposición

Al menos seis hospitales de Venezuela, destinados por el Gobierno para la atención de pacientes covid-19, están desde hace varios días sin pruebas para la detección del coronavirus SARS-COV-2, denunció este miércoles el diputado opositor José Manuel Olivares.

En una rueda de prensa virtual, el legislador aseguró que nosocomios ubicados en Caracas, Lara, Barinas, Guárico, Aragua y Anzoátegui están “sin pruebas” desde hace días, una información que dijo obtener del personal médico que trabaja en estos sitios.

“Si no hay pruebas, no hay casos”, remarcó Olivares en alusión al descenso en el número de infecciones diarias que reporta el Ejecutivo de Nicolás Maduro desde septiembre, cuando, recordó, empezaron a realizarse menos pruebas rápidas y PCR en el país suramericano.

En opinión del parlamentario, nombrado por el opositor Juan Guaidó como comisionado para la Salud y Atención Sanitaria a los Migrantes, la “dictadura” que considera que ejerce Maduro “quiere construir una falsa normalidad” de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre que la oposición considera un “fraude”.

Sobre el total de contagios y fallecidos insistió en que el Gobierno mantiene un subregistro de la enfermedad, por lo que hoy hay, al menos, el doble de pacientes y muertos por covid-19, respecto al balance oficial.

Mientras la comisión presidencial para el tratamiento de la pandemia en Venezuela aseguró el martes que el total de fallecidos se ubica en 780, Olivares dijo este miércoles que 1.614 personas han perdido la vida en el país por el coronavirus.

“Todos estos casos (están respaldados) con historias médicas”, remarcó, sin dejar de reconocer que el país tiene una de las tasas de letalidad más bajas de Latinoamérica.

Sin embargo, matizó, el personal sanitario en Venezuela “sigue llevando la carga pesada” y “sigue sufriendo” por la falta de material de protección para evitar contagiarse, razón por la que 231 trabajadores de la salud han fallecido en los siete meses que lleva la pandemia en el país.

EFE

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