La Contraloría General del Estado de Ecuador advirtió este viernes de supuestas responsabilidades legales en más de una veintena de auditorías sobre operaciones efectuadas por varias empresas públicas consideradas estratégicas.
El informe de la Contraloría (Tribunal de Cuentas) precisa que, de 117 informes generales de auditoría efectuados desde junio de 2021, remitió 23 a la Fiscalía por considerar indicios de responsabilidad por supuestas irregularidades que suman unos 251 millones de dólares.
El anuncio de la Contraloría coincide con el caso de presunta corrupción que involucra al Gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso, luego de que un medio digital denunciara la existencia de un supuesto entramado de corrupción que ha salpicado al empresario Danilo Carrera, cuñado del mandatario.
El tribunal de cuentas precisó que el informe se refiere a los exámenes de auditoría realizados a las estatales Petroecuador, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y sus subsidiarias.
«De los exámenes aprobados se predeterminaron responsabilidades civiles y administrativas por 251 millones» de dólares, agregó la fuente.
Explicó que las auditorías se realizaron a las operaciones administrativas y financieras, a los procesos de contratación pública, a los estados financieros, a las adquisiciones menores, a la ejecución de proyectos y a contratos de obra, entre otros estados.
Además, precisó que, en cuanto a la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) la Contraloría, determinó que no era procedente crear una unidad de auditoría interna.
La información de la Contraloría es clave en el denominado caso «Encuentro», por el que se han mencionado a varios funcionarios como Hernán Luque, quien dirigía EMCO, y Rubén Chérres, quienes supuestamente pidieron dinero para gestionar cargos en empresas públicas, cuotas que aparentemente también beneficiaban al cuñado de Lasso, quien ha negado tajantemente las acusaciones y las ha calificado de injuriosas.
El caso ha generado sendas investigaciones en la Fiscalía y la Asamblea Nacional (Parlamento), donde la oposición no ha dudado en salpicar al propio presiente Lasso, quien ha rechazado la denuncia, defendido a su pariente y asegurado que su administración no tiene vinculación alguna con tramas de corrupción.
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EFE
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