Organizaciones sociales en el estado de Guerrero, sur de México, marcharon este miércoles para exigir un alto a la criminalización que aseguran ha emprendido el Gobierno en su contra y anunciaron la unificación de la lucha social contra los ataques del Ejército Mexicano.
Integrantes de las organizaciones sociales más representativas de la entidad marcharon en solidaridad con los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García, además del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Los señalados aparecen en documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron filtrados por el grupo Guacamaya Leaks en los que son catalogados como integrantes de una organización dedicada al cobro de cuotas, extorsiones y secuestros.
La marcha, que convocó a unas 1.500 personas, partió del parque Margarita Maza de Chilpancingo y concluyó en las oficinas del Poder Ejecutivo del estado en donde despacha la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La movilización se programó para este día, fecha en la que cumple un mes más de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El contingente hizo una parada en el antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, en donde efectuaron un primer mitin e hicieron un pase de lista por los 43 jóvenes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
En su intervención, el abogado de Tlachinollan y representante de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales, destacó que las luchas sociales que existen desde hace años en Guerrero, dijo que gracias a ellos se ha logrado conseguir varios derechos, y señaló que por las luchas sociales el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegó al poder.
Reprochó que ahora desde esas oficinas se criminaliza la lucha social y dijo que las filtraciones les dieron “una visión de cómo los tiene catalogados el Gobierno y el Ejército”.
“Salimos a las calles por esta persecución al movimiento social, pero también como un primer esfuerzo para la unidad del movimiento social en Guerrero; no nos detendrán las amenazas, la persecución, la lucha seguirá adelante, porque las causas del pueblo así nos los exigen”, expresó Rosales.
En tanto, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suastegui, consideró que son “un objetivo principal para exterminarlos” como ocurrió en la llamada Guerra Sucia de la década de 1970 y señaló al Ejército como posible participante en la desaparición de su hermano e integrante del Cecop, Vicente Suastegui desde el 5 de octubre de 2021.
“La información de Guacamaya Leaks confirma que ha iniciado una guerra, que ha empezado y se va a desatar una guerra fuerte, el pueblo de Guerrero, los luchadores sociales, los movimientos sociales, los maestros, los alumnos contra el Ejército”, expuso.
“Le decimos al Ejército que en el momento en que ellos se atrevan a sacar su fusil aquí están los machetes doble filo de La Parota para seguir pidiendo Justicia y verdad y no daremos ni un paso atrás, no bajaremos la guardia”, expresó.
En la marcha participó además el Comité de madres y padres de los 43, estudiantes de Ayotzinapa, el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), y el Colectivo de Familiares de Desaparecidos “Lupita Rodríguez”.
Las organizaciones acordaron reunirse el próximo 6 de noviembre en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en la zona rural del puerto de Acapulco, a un congreso para obtener “resolutivos de verdad y Justicia” del Gobierno del estado y el Gobierno federal.
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