La administración Biden anunció que no extenderá el estatus legal de más de 530.000 migrantes que arribaron a EE.UU. bajo un programa de patrocinio diseñado para reducir los cruces fronterizos ilegales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que estos migrantes deberán buscar otro tipo de estatus legal, abandonar el país o enfrentar procedimientos de deportación.
El programa, conocido como CHNV, fue lanzado en octubre de 2022 para permitir que venezolanos ingresaran legalmente si contaban con un patrocinador en EE.UU. Posteriormente, se amplió a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua. Desde su implementación, aproximadamente 214,000 haitianos, 117,000 venezolanos, 111,000 cubanos y 96,000 nicaragüenses llegaron a EE.UU. bajo este esquema.
El fin del estatus de libertad condicional A los migrantes se les otorgó un permiso de dos años para vivir y trabajar legalmente en EE.UU. bajo el estatus de “libertad condicional”. Este estatus, previsto en la ley de inmigración, permite a los presidentes admitir extranjeros por razones humanitarias o de interés público. Sin embargo, el DHS ha decidido no renovar este estatus para los migrantes del CHNV, marcando un cambio drástico en su situación legal.
Migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua pierden protección legal en EE.UU. bajo programa de Biden
El primer grupo afectado será el de los venezolanos, cuyo estatus expirará este mes, mientras que los cubanos, haitianos y nicaragüenses verán terminar su libertad condicional a principios de 2025. A partir de ese momento, se les entregarán avisos para que busquen otro estatus o abandonen EE.UU.
Alternativas legales limitadas Algunos migrantes del programa CHNV pueden ser elegibles para otros beneficios migratorios, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o solicitudes de asilo, si cumplen con ciertos criterios. Los cubanos, por ejemplo, pueden solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, una medida establecida durante la Guerra Fría.
No obstante, miles de migrantes podrían quedar en un limbo legal, sin permiso de trabajo y con riesgo de ser deportados. Aunque actualmente, los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela limitan las deportaciones desde EE.UU., Haití ha continuado aceptando deportados en los últimos años.
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