El Gobierno de Venezuela ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad de altos funcionarios en casos de corrupción que involucran a la estatal petrolera PDVSA, una situación que ha sido objeto de investigación por parte de distintos poderes desde 2016. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha afirmado que el oficialismo está dispuesto a combatir cualquier acto de corrupción que se presente en cualquier instancia del Ejecutivo.
La corrupción dentro de PDVSA ha sido investigada por diversos poderes, al margen del judicial, y en 2017 la Fiscalía General de Venezuela inició una serie de detenciones de gerentes de la petrolera o de empresas filiales por corrupción. En 2020, Venezuela emitió una solicitud de extradición contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, que fue rechazada por el Supremo de Italia en enero de 2021.
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La Fiscalía hizo una nueva solicitud de extradición contra Ramírez en 2022, acusado de haber robado 4.850 millones de dólares mediante una línea de crédito fraudulenta con la que PDVSA hizo 28 pagos a dos fondos en el exterior, sin haber recibido ningún préstamo. La ONG Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en PDVSA o alguna de sus filiales, con lo que se comprometieron, según sus datos, más de 42.000 millones de dólares, en los últimos 20 años.
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