El incremento de la población de mujer que cumple prisión por delitos vinculados a drogas en Argentina pone de manifiesto las tensiones de un sistema que no contempla el desamparo en el que quedan los hijos de las detenidas, que en su mayoría son el único sostén del hogar.

En una diminuta casa de San Fernando, a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, María Fernanda Blanco cumple arresto domiciliario a la espera de una sentencia definitiva por el delito de tenencia de drogas para su comercialización.

Hasta junio de 2020, Fernanda, de 51 años y madre de ocho hijos, estuvo alojada en uno de los tantos penales por los que transitó. Todas esas veces debió dejar a sus hijos solos o distribuidos entre familiares.

Fernanda conoció la cárcel por primera vez a los 24 años. En ese entonces ya tenía tres hijos y una expareja a la que había abandonado, harta de las constantes palizas a las que la sometía.

“No tenía ayuda de nadie. Tenía una profesión, había estudiado repostería, panadería, pero por más que tengas la profesión que tengas, si no encontrás otra salida…” cavila.

Sin casa ni trabajo, y con sus hijos a cargo, optó por seguir los pasos de unos familiares que ya hacían narcomenudeo (comercialización de drogas al por menor).

“Yo tendría que haber buscado ayuda en algún lado, pero no pensé que existía tampoco”, manifiesta.

A lo largo de los años, ella y sus hijos pasaron por muchas cosas. Junto a dos de los entonces más pequeños, estuvo detenida varias semanas en un pabellón de la cárcel de Ezeiza, misma prisión donde años más tarde cursó parte del embarazo de su hijo menor, hoy de 10 años.

“Ellos pasaron las mil y una, porque sufren más las consecuencias (…) en esta última causa a veces yo llamaba y estaban sin gas y a mí se me derrumbaba el mundo, es así la realidad”, dice angustiada Fernanda.

Desde su encierro domiciliario actual, donde vive junto a varios de sus hijos, cose ropa para la parroquia y hornea pan y masas, labores, algunas de ellas, que aprendió en los cursos que ofrece la ONG “Yo no fui”, una de las pocas que ayuda a mujeres encarceladas.

Allí Fernanda aguarda que la Justicia se expida sobre la apelación de su condena: “Estoy preparada para todo, para que digan, que la sentencia quedó firme o que estoy libre, nada es eterno, y mientras tanto voy a seguir haciendo buena vida y a tratar de que mis hijos empiecen junto conmigo”, asegura.

CONSECUENCIAS DEL ENCARCELAMIENTO FEMENINO

El caso de Fernanda no es muy diferente al de decenas de mujeres. En los últimos 15 años, la población carcelaria femenina en Argentina se incrementó un 103 %, y aunque solo representan el 4,4 % del total de los presidiarios, 45 % de ellas están detenidas por causas vinculadas a la ley de estupefacientes (23.737).

“Esto tiene que ver con un aumento de la persecución del delito de drogas, así como también un aumento de poblaciones vulnerables, porque hablamos en general de mujeres pobres”, afirma Macarena Fernández Hofmann, investigadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales.

“Es un castigo que rompe esas vidas en mil pedazos”, señala la experta, “separa a madre e ‘hijes'” y afecta al mismo tiempo a otros familiares, que deben hacerse cargo de una situación, que puede acarrear un peso económico muy grande”.

Para Fernández Hofmann, estos temas están completamente invisibilizados por el Poder Judicial, que determina el castigo, y por el Poder Ejecutivo que debe acompañar a esas mujeres.

PRISIÓN DOMICILIARIA Y PANDEMIA

La pandemia puso de manifiesto la incapacidad del sistema de atención de salud para las poblaciones encarceladas, que en muchos casos están alojadas en dependencias superpobladas.

Como consecuencia de ello, muchas mujeres en situación de riesgo, y que ya estaban en condiciones de solicitar beneficios como la prisión domiciliaria, se vieron favorecidas por la agilización del proceso.

“No hablamos de libertades, hablamos de personas que fueron a prisión domiciliaria con pulsera, la situación sigue siendo de privación de la libertad”, explica Hofmann.

Hubo entonces un descenso en la población de mujeres encarceladas, muchas de las cuales estaban con sus hijos, un “beneficio” que permite a las madres convivir en prisión con los niños menores de 5 años, lo mismo ocurrió con las detenidas embarazadas.

“Es muy importante que las mujeres que están detenidas puedan acceder a ese beneficio, básicamente porque eso implica que pueden estar con sus ‘hijes'”, subraya Fernández Hofmann.

Sin embargo, aclara que al no existir políticas al respecto, se convierten en “una población aún más invisibilizada”, ya que “quedan encerradas con sus hijos en su casas, sin ningún tipo de asistencia”, muchas veces en situaciones de gran vulnerabilidad.

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y POLÍTICAS DE ESTADO

“Lo que se ve respecto al enfoque de la persecución penal es que recae en los eslabones más pequeños, porque obviamente la mujer que comercializa en forma minorista, como la mujer ‘mula’ es lo más perseguido. Todo ese esfuerzo y gasto se focaliza en situaciones de vulnerabilidad”, manifiesta Fernández Hofmann.

Mientras tanto, está “invisibilizada” la cuestión de los niños y niñas con referentes adultos detenidos, ya que no existe ninguna política sobre el tema y tampoco existe acompañamiento de las mujeres y hombres que salen de las cárceles, “son años y años en los que esa política queda relegada”.

“Cada una de estas historias es una historia de vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión. A veces el Estado la ejerce directamente, a veces indirectamente por su falta, pero cuando ponés la lupa te encontrás con todo eso”, manifiesta la especialista.

“Cuando lo ves en poblaciones específicas como la de las mujeres, eso aún explota más en la cara, por la afectación que tienen los ‘hijes'”, concluye.

EFE

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