Amnistía Internacional (AI) exhortó este martes a las autoridades de Perú a «cesar de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil» y a investigar las posibles violaciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas en el país, que han dejado 47 fallecidos.
La organización defensora de derechos humanos aseguró a través de un comunicado que el cese del «uso excesivo» de la fuerza contra los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y nuevas elecciones, entre otros reclamos, debe ser el «primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país».
AI recordó que, desde que comenzaron las protestas en diferentes regiones en diciembre pasado, cuando Boluarte asumió la presidencia tras el autogolpe fallido del exmandatario Pedro Castillo, más de una cuarentena de personas han muerto y decenas han resultado heridas, «muchas de ellas por impacto de armas de fuego, en el contexto de la represión de manifestaciones», aseguró.
«El alto número de muertes, incluidas 18 personas en las últimas 24 horas, y la gravedad de los hechos obligan a una rendición de cuentas de las autoridades hasta el máximo nivel», sostuvo en la nota la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
Guevara agregó que la Fiscalía de la Nación (general) «debe investigar a todas aquellas personas que sean presuntamente responsables, no solo directamente, sino también por ordenar o tolerar el uso excesivo de la fuerza y con ello las muertes arbitrarias y lesiones graves».
La organización aseveró, por otro lado, que el estado de emergencia decretado el 15 de diciembre pasado «no ha demostrado ser una respuesta adecuada» para resolver la crisis social y política del país y alertó que, por lo contrario, desde entonces se «han incrementado» las violaciones a los derechos humanos, con «la privación de la vida por uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias».
«Es inaceptable la escalada de violencia que está sucediendo en Perú. La represión estatal en contra de manifestantes y la pérdida de vidas humanas está agudizando la crisis», apostilló en el comunicado la directora ejecutiva de AI Perú, Marina Navarro, antes de añadir que «el pueblo no debe de pagar el costo de la crisis política que está atravesando el país».
Por todo esto, AI exigió al Estado peruano la «investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de las posibles violaciones de derechos humanos registradas desde el inicio de las protestas para identificar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables, incluyendo las líneas de mando de las fuerzas del orden hasta el máximo nivel».
Tras una tregua navideña, las manifestaciones en Perú volvieron el 4 de enero pasado en varias regiones del país, sobre todo en la sureña región de Puno, donde este lunes fallecieron 17 manifestantes en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, y luego fue asesinado un policía por una turba, lo que eleva a 47 el número total de decesos en las protestas desde diciembre.
Muere un policía atacado por una turba en las protestas en Perú, informa fiscal
EFE
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