La Policía Federal de Brasil concluyó que el presidente Jair Bolsonaro incurrió en un delito al divulgar unos informes secretos para desacreditar al sistema electoral del país, pero dejó una posible acusación en manos de la Fiscalía General.
Según un documento remitido este miércoles a la Corte Suprema, que investiga el asunto, la divulgación de esos documentos sobre unos ya desmentidos fraudes en las elecciones de 2018 tuvo como “propósito” la “difusión de información reconocidamente falsa, con repercusión dañosa para la administración pública”.
Esos documentos formaban parte de una investigación de la Policía Federal sobre un ataque informático a los sistemas del Tribunal Superior Electoral ocurrido a mediados de 2018, meses antes de las elecciones de octubre de ese mismo año, ganadas por Bolsonaro y que no fueron afectadas por ese incidente.
El líder de la ultraderecha divulgó esos documentos, pese a su carácter secreto, en agosto pasado, en el marco de una campaña que desató en contra del voto electrónico, que Brasil adoptó en 1996 y que hasta ahora no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude pero que, según el mandatario, favorece las trampas.
El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo, incluyó ese asunto en un proceso sobre difusión de noticias falsas y ataques a las instituciones y determinó que la Policía Federal investigue la actitud del mandatario.
El mismo juez ordenó la semana pasada que Bolsonaro prestase declaración ante la Policía Federal, después de que este se había negado reiteradamente, y lo intimó a comparecer el pasado viernes ante esa institución.
Sin embargo, el presidente no compareció y alegó su “derecho a la ausencia”, aunque el asunto aún no ha sido totalmente aclarado en la esfera jurídica, pues el Supremo deberá analizar las consecuencias de que un jefe de Estado ignore una orden judicial.
El documento remitido por la Policía Federal dice que, a pesar de haber comprobado que Bolsonaro incurrió en un “delito”, una posible acusación formal debería ser presentada por la Fiscalía General, por la condición de aforado que ampara a un presidente en ejercicio.
Este martes, el presidente del Tribunal Superior Electoral y también miembro del Supremo, Luis Barroso, se refirió al asunto y sostuvo que la difusión “manipulada” de esos informes secretos fue un “auxilio a milicias digitales y hackers” volcados a “ataques criminales” contra las instituciones democráticas del país.
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EFE
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