El crimen organizado, la violencia y la percepción de inseguridad, fenómenos en aumento desde hace unos años en Chile, país que aún tiene la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica, se ha convertido en uno de los principales desafíos para el Gobierno del progresista Gabriel Boric.
Solo en los últimos cuatro días, en Chile se han registrado tres muertes violentas. El lunes un joven de 19 años falleció por el impacto de varios disparos en el aparcamiento de una discoteca. El miércoles, otro hombre murió también por las balas que recibió mientras esperaba para reparar su bicicleta; y un tercero fue encontrado calcinado en el maletero de un coche robado.
Los tres homicidios ocurrieron en barrios periféricos de la Región Metropolitana: Maipú, Estación Central y Lo Espejo, respectivamente, y se suman a una estadística negra que ha puesto en alerta a los expertos y a las autoridades.
Según datos del Ministerio de Interior, desde enero de 2022 hasta el 31 de agosto, la Policía de Investigaciones (PDI) registró 613 víctimas de homicidios, un 32% más que en el mismo período del año pasado. Unas cifras que ya representan el 98% del total de 2019 y un 78% del 2020.
PRIORIDAD DEL GOBIERNO
El presidente chileno, que omitió estos temas hasta la segunda vuelta de la campaña presidencial, los abordó este jueves como una de las prioridades de su Gobierno.
“Hay un trauma en los partidos de izquierda al hablar de seguridad (…) Solamente hablamos de la raíz del problema, pero cuando la cifra de homicidios está creciendo, también quieres una respuesta ahora. Tenemos que ser capaces de entregar respuestas”, dijo Boric.
Otras autoridades han sido más terminantes, como la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien declaró hace unos días que “el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de la criminalidad”.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo en abril que el país vive “el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia”.
CRISIS ECONÓMICA, PANDEMIA Y BAJA CAPACIDAD POLICIAL
“Hay un mayor nivel de organización de bandas asociadas no solo al narcotráfico, sino también a delitos comunes con uso de violencia y fuerza física”, explica a Efe la investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) Alejandra Luneke.
Para la académica del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile Alejandra Mohor, el deterioro de las condiciones económicas y sociales en sectores vulnerables generan condiciones para la expansión del control territorial de las organizaciones criminales.
“Lo hacen a través de la creación de mercados y economías ilegales que generan empleo, atención e ingresos a las familias y logran instalarse como un poder paralelo”, señala.
En su opinión, este factor debe sumarse a otros fenómenos que han ocurrido en los últimos años, entre los que cita la pandemia, la crisis económica, un clima político desfavorable para la convivencia, un “repliegue” de la policía en los territorios o los intensos flujos migratorios del último tiempo.
“La globalización del crimen y los intereses económicos de las organizaciones parecen contribuir al ingreso regular o irregular de personas que vendrían específicamente a cometer delitos, lo que no significa en ningún caso que las personas que llegan a nuestro país vengan a eso, es solo una pequeña parte”, recalca Mohor.
Luneke apunta también a la “baja capacidad de la policía para hacerse cargo de este tipo de delitos”. Como particularidad del escenario actual, ambas señalan un mayor uso de la violencia y armas de fuego, y el aumento de casos en los que no existe relación entre víctima y victimarios.
“Esto se atribuiría a homicidios por encargo o a los llamados ajustes de cuentas”, dice Mohor.
“EL RIESGO ESTÁ AHÍ”
Las últimas encuestas ciudadanas han revelado una preocupante alza en la percepción de la inseguridad, que en Chile ya suele ser elevada.
Sin embargo, el país registra la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja de Suramérica, según datos abiertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En 2022 la tasa alcanza 3,09, un 11% mayor que el mismo período del año pasado.
“No estamos a un paso de convertirnos en un país poblado por maras y crimen organizado, pero no podemos desmerecer que el riesgo está ahí”, advierte Mohor.
Por su parte, Luneke apunta que el empeoramiento del escenario actual dependerá de varios factores, pero subraya “la capacidad de reaccionar (a corto y mediano plazo) que tengan instituciones policiales y autoridades frente al aumento de la criminalidad”.
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EFE
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