La información publicada en Internet sobre personas físicas o jurídicas puede dañar la imagen de los afectados, y el derecho al olvido que regula la normativa europea no siempre sirve para silenciar los datos perjudiciales, con lo que ha surgido un nuevo nicho para servicios que aúnan el mundo jurídico y tecnológico.
Cada dato publicado en Internet produce una huella digital para las personas relacionadas con esa información, pero el derecho al olvido sirve, en la Unión Europea, para que cualquier persona tenga el derecho de pedir eliminar un contenido que le perjudica de alguna manera.
La abogada y especialista en transformación digital Júlia Bacaria ha explicado a EFE que el derecho al olvido en la mayoría de casos consiste en desindexar una información de los grandes buscadores, es decir, en eliminar la visibilidad de un contenido, aunque no se suprima la información directamente.
El derecho al olvido sirve para evitar a corto plazo el daño de informaciones que colisionen con otros derechos como el derecho a la imagen, al honor o a la intimidad, pero tiene sus límites, reitera Bacaria, como son la libertad de prensa, la libertad de información o el interés público.
En los casos en los que se deniega a una persona ejercer el derecho al olvido o no se le responde su petición, se puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos e iniciar un proceso administrativo, o incluso llegar a un proceso judicial más profundo.
Pero los procesos judiciales requieren tiempo, y tardan meses o años en resolverse; mientras tanto, la información puede seguir dañando la imagen de las personas afectadas, llegando incluso a impactar en su vida diaria.
Lo explica a EFE el abogado y cofundador de una nueva “startup” de Barcelona dedicada a la eliminación de contenido en Internet, Gonzalo Sivatte, quien describe el caso de una persona que acudió a su empresa porque aparecía en informaciones que la vinculaban a casos de corrupción, sin que estuviese encausada directamente.
“En los archivos centrales del banco de nuestro cliente, que era un emprendedor, constaban las informaciones sobre corrupción, y por ello le negaron el acceso a créditos. La consecuencia: se paralizó toda su actividad empresarial”, describe Sivatte.
La “startup” que cofundó Sivatte está formada por abogados, investigadores e informáticos que, con el auge de informaciones falsas, difamatorias o dañinas sobre personas y empresas en Internet, han encontrado un nuevo nicho para ofrecer servicios para atacar el contenido perjudicial.
La inteligencia artificial es la herramienta para controlar la información que impacta en sus clientes, explica Sivatte: cuando una persona pide los servicios de su empresa, de manera automática recopilan toda la información publicada sobre la persona u organización y la codifican en categorías jurídicas.
Con ese proceso, los juristas de la empresa obtienen al instante todas las publicaciones susceptibles de ser gestionadas: con algunas, se reclama su desindexación a proveedores de contenido como YouTube o Google; con otras, se reclama su modificación a los autores; y en todo momento se mantiene abierta la posibilidad de la vía judicial ordinaria.
Coincidiendo con Bacaria, Sivatte remarca que no todo contenido es eliminable y que, como empresa que se dedica a suprimir contenido de Internet, hay que tener claros los límites.
“Muchas veces la solución no pasa por denunciar a alguien, sino por pedir que se modifique un contenido explicando de manera natural que se están cometiendo infracciones: intentamos encontrar puntos en común con los autores de la información, invocando leyes y regulaciones que sabemos que protegen a nuestros clientes”, explica.
Sivatte llama a esas peticiones “medidas prejudiciales”, acciones que se pueden llevar a cabo al margen de procesos judiciales o administrativos, sin prescindir de esas vías para un futuro, que consisten en llegar a acuerdos entre creadores de contenido y afectados para mejorar la información que se ofrece a la ciudadanía en Internet.
Bacaria coincide con esa visión: “En ocasiones el error no es que una noticia sea falsa o no, sino que simplemente no es cierta del todo o genera ciertas impresiones erróneas; en muchos de esos casos se llegan a acuerdos para evitar los tribunales, porque la vía judicial puede tener consecuencias peores”.
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EFE
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