La disputa entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional por el uso del suelo en el suroeste del departamento llegó a los tribunales. Este 3 de febrero, la administración departamental presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra la resolución 000377 del Ministerio de Agricultura, la cual establece Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en 23 municipios de la región.
Según la Gobernación, esta normativa vulnera principios constitucionales y afecta la autonomía territorial, al imponer restricciones que podrían impactar actividades económicas clave como la minería, la ganadería y el turismo.
La medida adoptada por el Gobierno nacional busca proteger 249.617 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria en municipios como Jericó, Andes, Támesis y Urrao. Sin embargo, para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, esta es una decisión centralista que limita el desarrollo de otras industrias estratégicas para la región.
Antioquia se enfrenta al Gobierno Petro por la restricción de usos del suelo en 23 municipios del Suroeste
“Es una lucha ideológica que desconoce la realidad del departamento y pretende frenar actividades económicas fundamentales para miles de familias”, afirmó el gobernador Rendón.
Desde el Comité Intergremial de Antioquia también se ha expresado preocupación. La organización, que reúne a los principales gremios económicos del departamento, advirtió que la resolución genera incertidumbre y podría afectar la competitividad regional.
“Esta decisión puede paralizar sectores productivos esenciales, poniendo en riesgo el empleo y el desarrollo económico de Antioquia”, señaló la entidad.
El próximo 5 de febrero, el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia sostendrán una reunión en Támesis para discutir el alcance de la medida. Al encuentro asistirán los ministros de Agricultura, Comercio y Medio Ambiente, junto con el gobernador Rendón y su equipo.
La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, ha defendido la resolución asegurando que esta no limita actividades ni impone usos del suelo. No obstante, un documento oficial del Gobierno señala que una vez declaradas, las Appa sí tendrían efectos sobre el ordenamiento territorial, lo que ha generado inquietud en las autoridades locales.
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