En un esfuerzo por reducir la impunidad y mejorar la eficiencia del sistema judicial colombiano, la Corte Suprema de Justicia, junto con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, radicaron ante el Senado un proyecto de reforma integral. Este busca ajustar el Sistema Penal Oral Acusatorio, agilizar los tiempos de los procesos judiciales y garantizar los derechos de las víctimas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, la fiscal general Luz Adriana Camargo y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, lideraron la presentación del “Proyecto de Ley para una Justicia más Ágil y Eficaz”, el cual propone cambios estructurales que tienen como principal objetivo reducir la congestión en los procesos judiciales y restituir el equilibrio del sistema penal colombiano.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la potenciación de la justicia premial, herramienta que permite la terminación anticipada de procesos mediante mecanismos como los preacuerdos y los principios de oportunidad. Según el presidente de la Corte, solo el 10% de los casos actuales se resuelven a través de estos mecanismos, mientras que el 90% llega a juicio, un porcentaje contrario a lo que se observa en otros sistemas penales modernos.
“El objetivo de esta propuesta es devolverle al sistema su capacidad de ofrecer soluciones rápidas y efectivas, permitiendo que un mayor porcentaje de casos se resuelvan sin la necesidad de llegar a juicio”, señaló Chaverra Castro durante la radicación.
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El articulado de la reforma incluye 13 artículos, que buscan restaurar el equilibrio del sistema penal y estimular la emisión temprana de decisiones judiciales. Entre los puntos más destacados se encuentran la extinción de la acción penal mediante la reparación integral a las víctimas y el refuerzo del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía.
Chaverra también aclaró que el proyecto no levanta las prohibiciones actuales que impiden la concesión de sustitutos penales, como la libertad condicional o la prisión domiciliaria, en casos que involucren a menores de edad. Sin embargo, sí propone permitir allanamientos y preacuerdos para estos delitos, con el fin de acelerar la resolución de los procesos sin comprometer la justicia.
La fiscal general Luz Adriana Camargo hizo énfasis en la crisis de congestión que enfrenta el sistema judicial colombiano. Según las estadísticas, solo en 2023 se registraron más de 1.8 millones de noticias criminales, lo que evidencia un incremento en el número de casos activos y una sobrecarga en la administración de justicia.
“El sistema penal colombiano, en lugar de resolver los casos de manera ágil, ha venido acumulando procesos que se eternizan en los juzgados. Con esta reforma buscamos dinamizar los mecanismos premiales para que las víctimas puedan obtener justicia en un tiempo razonable”, comentó Camargo.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó que el proyecto ha sido elaborado con base en un proceso de diálogo y concertación, y extendió una invitación a los diferentes sectores de la sociedad a participar en el debate que se abrirá en el Congreso. “Esta reforma es una oportunidad para reflexionar sobre la justicia que tenemos y la justicia que queremos. Nuestro compromiso es seguir trabajando en una justicia ágil y eficaz para todos los ciudadanos”, concluyó.
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