El desacuerdo entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso sobre el Presupuesto General de la Nación para 2025 ha alcanzado un punto crítico. En una decisión sin precedentes en los últimos años, el presupuesto será expedido vía decreto presidencial tras su hundimiento en las comisiones económicas del Congreso. Sin embargo, la incertidumbre sobre los recursos necesarios para cumplir con el monto planteado pone en duda la viabilidad económica del plan.
El principal foco de la discordia fue la cifra propuesta por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien defendió un presupuesto de $523 billones. Sin embargo, los legisladores, liderados por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtieron que solo aceptarían un presupuesto de $511 billones, argumentando que el déficit de 12 billones de pesos, ligado a una incierta reforma tributaria, generaba riesgos financieros insostenibles.
Esta falta de consenso representa no solo un desafío económico, sino también un golpe político para el Gobierno de Petro, que se encuentra en medio de la discusión de sus reformas sociales.
¿Qué significa que el presupuesto 2025 se decrete sin acuerdo? Las implicaciones para la economía colombiana
El presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos dependerá de la aprobación de una reforma tributaria, un proyecto que enfrenta grandes obstáculos en el Congreso. Los legisladores han dejado claro que no están dispuestos a aprobar un presupuesto con una base financiera incierta, lo que debilita aún más la posición del Gobierno.
El enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ha desatado una serie de acusaciones cruzadas. Petro ha sugerido que la negativa del Congreso responde a un bloqueo legislativo y ha relacionado el rechazo con un supuesto “golpe blando”. Por su parte, Cepeda y otros congresistas han defendido su postura, insistiendo en que la ley solo permite decretar presupuestos financiados, lo que pondría un límite de $511 billones.
El trasfondo de la crisis no es solo económico, sino también político. La inclusión en el presupuesto de un recorte al financiamiento de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, en pleno año preelectoral, generó aún más tensiones. Aunque ese apartado fue retirado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el daño a la confianza entre el Congreso y el Gobierno ya estaba hecho.
Ahora, con el presupuesto decretado, el país enfrenta un escenario incierto. Las dudas jurídicas sobre los alcances de este decreto se suman a las repercusiones económicas que podrían derivarse de la falta de financiación para varios sectores clave. Sin una reforma tributaria aprobada, el presupuesto del 2025 podría quedarse corto, afectando áreas como infraestructura, educación y salud.
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