En un hecho que ha causado gran reacción en Colombia, la liberación de Brayan Campo, confeso asesino de la niña Sofía Delgado, ha puesto en evidencia la grave crisis que enfrenta el sistema judicial colombiano. A pesar de la rápida captura y confesión del acusado, una serie de fallas en el sistema penitenciario y una carga judicial abrumadora permitieron su puesta en libertad en un caso anterior de abuso sexual.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reveló durante una audiencia en el Congreso que el colapso del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue el principal factor que impidió el traslado de Campo para una audiencia crucial en el caso anterior, lo que derivó en su liberación por vencimiento de términos.
Camargo señaló que la situación es crítica, con solo el 5% de los casos de delitos contra menores llegando a juicio y una carga judicial que colapsa los tribunales.
La fiscal general Luz Adriana Camargo alerta sobre el colapso del sistema penitenciario que permitió la liberación de Brayan Campo
Ante este panorama, el gobierno ha presentado una reforma a la justicia que busca agilizar los procesos, especialmente en casos de delitos contra menores. Sin embargo, la propuesta de otorgar una rebaja de hasta el 25% de la pena a quienes cometan estos delitos ha generado controversia.
Si bien la intención es evitar que las víctimas deban esperar años por una resolución, algunos sectores temen que esta medida pueda ser interpretada como una forma de impunidad.
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