Telegram, el popular servicio de mensajería, logró evitar una suspensión de sus operaciones en Brasil al acatar de inmediato una orden del Supremo Tribunal Federal. La orden exigía a la empresa rectificar un texto en el que se criticaba un proyecto de ley que busca combatir la desinformación en internet.
Telegram evita suspensión en Brasil al acatar orden judicial
La medida fue emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, quien está a cargo de un proceso relacionado con la difusión masiva de información falsa. De Moraes había ordenado un bloqueo de 72 horas y fuertes sanciones económicas si Telegram no retiraba el mencionado texto. Sin embargo, la empresa cumplió de inmediato con la exigencia.
La reacción judicial se produjo como respuesta a un comunicado enviado por la cuenta de Telegram Brasil a sus usuarios, en el cual se afirmaba que “la democracia está siendo atacada en Brasil” por el proyecto legislativo contra la desinformación. Además, el comunicado sostenía que dicho proyecto de ley “acabará con la internet moderna” en Brasil y podría obligar a empresas como Telegram a cesar sus servicios.
La decisión del magistrado también incluyó la orden de que Telegram enviara otro mensaje a sus usuarios reconociendo que el comunicado anterior constituía una “flagrante e ilícita desinformación” que atentaba contra el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Estado de Derecho y la Democracia Brasileña.
Telegram transmitió el nuevo mensaje en menos de una hora, lo que permitió evitar la suspensión de sus servicios.
El comunicado inicial de Telegram generó una respuesta por parte del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que respalda el proyecto de ley en cuestión. El ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, anunció que se tomarían “medidas legales” argumentando que “ninguna empresa extranjera es mayor que la soberanía” del país.
Cabe destacar que la semana pasada, Google también había criticado el proyecto legislativo a través de sus servicios, y el Gobierno obligó a la empresa a retirar el texto de sus plataformas.
El proyecto de ley, que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, busca frenar la propagación masiva de desinformación en internet y ha generado un intenso debate parlamentario y democrático. El ministro de Justicia, Flávio Dino, acusó a Google de utilizar su “poder económico” para promover una “campaña abusiva y engañosa” contra la iniciativa.
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