El presidente Gustavo Petro anunció que el martes 18 de marzo será día cívico. La medida busca facilitar la participación en las marchas que respaldan la consulta popular promovida por el Gobierno. Sin embargo, varios alcaldes y gobernadores han expresado su desacuerdo y confirmaron que las actividades en sus territorios continuarán con normalidad.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la declaratoria y aseguró que los servidores públicos trabajarán sin interrupciones.
“No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud ni ninguna otra institución pública”, escribió en su cuenta de X. Destacó la importancia de mantener la economía activa y la generación de empleo.
En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón también rechazó la medida. “Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia”, publicó en X.
Alcaldes y gobernadores desafían a Petro: no acatarán el día cívico del 18 de marzo
Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, aseguró que se garantizará el derecho a la protesta, pero que las entidades y colegios funcionarán normalmente. En la misma línea, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó que la ciudad operará con “absoluta normalidad”.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, sostuvo que no acatará la medida, aunque quienes deseen sumarse a la marcha podrán hacerlo sin restricciones.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también cuestionó el anuncio. “Podemos trabajar común y corriente”, indicó, aunque garantizó permisos para los empleados que decidan movilizarse.
Otros mandatarios expresaron posiciones similares. En Santa Marta, el alcalde Carlos Pinedo dejó en libertad a los funcionarios para asistir a las marchas.
En Villavicencio, Alexander Banquero manifestó que la educación y la administración no deben detenerse por discusiones políticas. Finalmente, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aseguró que su despacho trabajará normalmente, garantizando el derecho a la protesta pacífica.
El anuncio presidencial ha generado una fuerte reacción entre mandatarios locales, quienes insisten en que la administración pública debe continuar su curso sin interrupciones.
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